La labor en la mina de Cerredo «ponía en riesgo» la vida de los trabajadores

Los mineros que trabajaban en Cerredo para Blue Solving entraban cada jornada en la boca del lobo, en una instalación «irregular» donde ejercían una labor para la que no existía licencia ni autorización por parte del Principado de Asturias.

La comisión promovida desde el gobierno asturiano ha expuesto el avance de la investigación tras la muerte de cinco mineros leoneses en el concejo de Degaña -Asturias- el pasado 31 de marzo.

La «terrible explosión» de grisú que acabó con la vida de David, Jorge, Rubén, Ibán y Amadeo, y que dejó cuatro heridos que ya han sido dados de alta, tuvo una primera inspección el mismo día del accidente declarado en el piso tercero del antiguo grupo Cerredo.

El Principado se personará como acusación particular en la causa legal que se abra tras este accidente. Ya hay abierto un expediente administrativo sancionador por los indicios de irregularidades, pero ahora se exigirá «depurar responsabilidades, caiga quien caiga» tras las primeras informaciones halladas en el interior del piso tercero.

El avance de la investigación, que inició el Servicio de Minas detectando en una primera inspección ocular «indicios de irregularidades por actividades no ajustadas al permiso», ha concluido que en piso tercero del antiguo grupo Cerredo se estaba ejerciendo actividad minera.

Un acceso al interior este 8 de abril ha descubierto dos huecos: uno de 18,2 metros y otro de 24,6 metros, y una altura de unos 25 a 30 metros y unos 0,8 de anchura. «Si estos indicios irregulares se consolidan, exigiremos que Blue Solving asuma responsabilidades. No es un simple incumplimiento administrativo, es una irregularidad legal con consecuencias letales que ponía en riesgo la vida de los trabajadores», ha sentenciado la consejera Belarmina Díez.

El contenido de grisú aún es «muy elevado» dentro de esos huecos y aún no se ha podido acceder a los huecos anteriormente señalados. Una vez que se entre se podrá valorar la cantidad de carbón que se extrajo «en unas condiciones de trabajo en un hueco en encerrado, donde no se cumple con autorizaciones ni con la reglamentación y legislación minera; el hueco no recoge nada legal».

La mina había recibido varias inspecciones previas, hasta nueve entre 2022 y 2024, y en «ninguna» se reflejó actividad fuera de la legalidad ni incumplimientos graves en materia de seguridad laboral. Blue Solving había solicitado autorización para, exclusivamente, recuperar material en antiguas labores mineras y restos preexistentes, «en ningún momento tenía permiso para extraer carbón».

Sin embargo, en 2023 se advirtió en una denuncia por correo la posible extracción de carbón en Cerredo y la entrada en la bocamina. Este e-mail no se abrió hasta días después del accidente y se constató que se incluían fotos y vídeo de una bocamina con extracción irregular.

La consejera de Industria Belarmina Díez justificó esta decisión de no abrir el documento porque «13 días antes se había visitado esa mina y el vídeo era del piso segundo antiguo, donde el técnico no pudo avanzar por un desprendimiento».

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