La empresa de Cerredo tenía que presentar más documentación para sacar 60.000 toneladas de mineral

Avanza la investigación que busca esclarecer qué pasó en la mina de Cerredo, en la localidad asturiana de Degaña, donde murieron el 31 de marzo cinco mineros de Laciana y El Bierzo.

Los equipos a cargo de determinar las causas del accidente ya se han perdonado en la mina. En la primera entrada a la misma se constató la presencia de gas grisú confirmando así la primera teoría con la que se trabajaba, una explosión.

Tras las declaraciones que recogía el diario El Comercio en la que empleados de la mina aseguraban que se trabajaba «como en cualquier mina» y lo que hacía la empresa con el carbón que secaban «lo sabe ella», parte de la investigación se centra en saber qué es lo que ocurría realmente en la explotación.

En el complejo minero de Degaña operan varias empresas en paralelo, cada una con unas autorizaciones distintas. En el caso de Blue Solving, empresa propietaria de la mina donde se produjo el trágico suceso, no tenía en ningún caso permiso para la extracción de carbón.

En 2022 según detalla El Comercio, Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) pidió y consiguió permisos para los trabajos de desimpactación, consistentes en hacer acopios de material carbonoso y chatarra. Hubo una inspección que constató que cumplían con lo autorizado e informaron de la intención de solicitar en el futuro permiso para sacar mineral.

En noviembre de 2022 se produjo un trágico accidente mortal. Dos trabajadores portaban en un camión 200 toneladas de carbón. Combayl no tenía permiso para ello y fue sancionado por el Principado con una multa de 20.000 euros y la suspensión del permiso.

Meses después, en marzo de 2023, Combayl y una empresa vinculada, Blue Solving, informan de su intención de reutilizar una de las instalaciones exteriores de Cerredo para poner una planta de fabricación. Entre diciembre de ese mismo año y abril del siguiente tuvieron lugar tres reuniones entre la empresa y los responsables de Minas del Principado. El 5 de junio de 2024 Blue Solving pide los permisos y los logran en un mes.

El Diario El Comercio explica que el 8 de julio se produce la resolución aunque la consejería no la publicó. En ella se detallaba que permite a la empresa sacar 60.000 toneladas en dos años bajo varias condiciones, entre ellas que «previo al inicio de los trabajos de investigación proyectados, se presentará para su aprobación si procede, el correspondiente plan de labores para el primer año de vigencia». Blue Solving no había dado este paso y por lo tanto el permiso todavía no estaba activo.

En el momento del accidente el 31 de marzo de 2025, la empresa solo tenía autorización para retirar chatarra de la mina y acondicionar el piso primero. Una realidad que contrasta con lo expresado por los supervivientes.

Hasta lograr la autorización para la extracción, Blue Solving debía acometer «labores subterráneas de investigación con la recuperación y acondicionamiento parcial del del transversal del piso primero, desde donde se accederá mediante guías en capa en dirección oeste a una zona no investigada». Según El Comercio, ahí abrirían galería para analizar «materiales carbonosos».

El plan de Blue Solving era localizar carbón de coque y grafito para usos en el sector siderúrgico y de aceros especiales, grafeno, grafito o fabricación de componentes de la baterías, plásticos especiales o paneles fotovoltaicos.

El permiso se compromete así a extraer el material solo de yacimientos no explotados y para fines distintos a la generación térmica. Con eso se considera que la actividad «se sitúa totalmente fuera de la ampliación» de la decisión de la UE de cierre de minas no competitivas y «tampoco puede ser de aplicación» el aspecto de la Ley de Cambio Climático sobre el fin de la producción de carbón «al no darse los presupuestos fácticos que en dicho artículo se establecen».

La resolución autoriza así a extraer 60.000 toneladas para hacer «pruebas industriales» en las dos plantas a levantar con la ayuda estatal. «Se deja constancia de la expresa prohibición de comercialización del mineral», advierte el permiso en una información de El Comercio.

La fiscalía, para agilizar la investigación, ha pedido a la jueza que lleva el caso que nombre dos ingenieros para que hagan un informe pericial complementario ante las declaraciones de los trabajadores y la gravedad de los hechos.

• Temas
• Degaña
• Villablino
• El Comercio
• Carbón