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Un escrito presentado ante la Fiscalía de Asturias denuncia la situación irregular que la empresa propietaria de la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros leoneses el pasado 31 de marzo, estaría llevando a cabo en otra localización del Principado.
La firma del documento la lleva la empresa vinculada al magnate leonés del carbón Victorino Alonso, Promining, que señala así a la familia de Jesús Manuel Rodríguez, su rival en el sector, y que estaría explotando un tajo en Miura -Ibias, Asturias- bajo el nombre de la sociedad Empresa Carbones La Vega.
Según recoge El Comercio, el texto remitido al fiscal asturiano habla de «urgencia» para proceder a la inspección de la explotación y sus condiciones de seguridad «antes de que ocurra una nueva desgracia», afirman.
Para motivar la decisión se han presentado imágenes aéreas y mapas de un reportaje del canal autonómico asturiano tras haberla tipificado como «apta». También presentan una instantánea de máquinas trabajando que la empresa de Victorino Alonso habría realizado. En ella, según la denuncia presentada, se estaría extrayendo carbón a cielo abierto cuando la licencia sería para hacerlo bajo tierra. El mismo propietario tiene paralizado un expediente de operaciones en Laciana.
Promining afirma que también existe una «explotación subterránea fantasma» y que el acceso a la mina sería solo «una coartada» para su trabajos ahí y en otra a cielo abierto que superaría la autorización recibida.
«La explotación subterránea fantasma se ubica fuera de las concesiones y, por tanto, la empresa estaría extrayendo carbón sin haber obtenido la concesión minera», sentencian en el escrito a la Fiscalía.
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Todo ello se basaría en «un truco» de la empresa extractora que en 2018 había entrado en fase de estudio de impacto ambiental, según recoge el Boletín Oficial del Principado, de la mano de esta compañía Carbones La Vega. «También con la explotación no autorizada a cielo abierto se habían salido del perímetro de las concesiones mineras de 2023. A saber dónde están actualmente», recogen en el informe. Y, de hecho, avanza en unos cálculos que hablan de invasión en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea de hasta 9,56 hectáreas.
La compañía de Alonso también pone en duda el destino de los 646.663 euros que su empresa Coto Minero Cantábrico supuestamente depositó en un aval para restaurar la zona explotada y se pregunta el destino del mismo y si a los nuevos propietarios del terreno se les ha pedido esa cantidad.
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