El juicio por el fallecimiento de seis mineros en el interior del Pozo Emilio en 2013 no parece tener fin. En realidad, no parece tener punto de inicio. Tras ocho largos años de espera y ante el temor a romper la «tutela judicial efectiva» ... la juez responsable del Juzgado de lo Penal número 2 de León, Isabel Peña, deberá resolver en las próximas horas la suspensión o anulación 'sine die' de las actuaciones penales a la espera de conocer de forma completa las pólizas aseguradoras que cubrían a una parte de los acusados.
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Las pólizas que ahora sirven para frenar el inicio del juicio de forma efectiva fueron requeridas de reiteradamente durante las diligencias previas pero entonces, y sin motivo aparente, no se acreditó la existencia de las mismas y su poder indemnizatorio.
La existencia de compañías aseguradoras no citadas en la causa afloró después de que las acusaciones recibieran 'un chivatazo'. Fue entonces cuando, según el relato de sus representantes, se dio traslado a la juez y se alertó de la necesidad de que estas aseguradoras estuvieran en la causa para evitar que llegado el momento de las indemnizaciones se pudiera plantear una situación de nulidad por indefensión de las aseguradoras.
Aferrados a ese descubrimiento las acusaciones propusieron la «nulidad de las actuaciones» por la «relevancia que tiene» respecto a las personas «que están siendo objeto de la acusación».
Las acusaciones han remarcado además que «se ha pedido con reiteración que se interrogue a los acusados sobre la concurrencia o no de un aseguramiento sobre la responsabilidad civil».
Todo ello advirtiendo que «por parte de las acusaciones nada se ha manifestado y se ha ocultado la existencia de pólizas con unos relevantes importes indemnizatorios. La no aportación de las pólizas y ese ocultamiento no es imputable a las acusaciones», se ha señalado.
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El Ministerio Público ha considerado que lo que procede es la «suspensión» del juicio, mientras que las acusaciones reclamaron su «nulidad». Escuchados los argumentos de las partes, será la jueza la que dé a conocer su decisión próximamente. En todo caso, las declaraciones previstas en el calendario que se había fijado han quedado suspendidas.
Según ha explicado el fiscal, la existencia de dos pólizas de seguro que cubrirían la responsabilidad civil de dos de los acusados, José Eliseo Solís y José Marcos Ulecia, es una «revelación inesperada» que hace «imprescindible» ahora la «práctica de una instrucción complementaria» en la que se «averigüe» también si otros acusados, «porque tienen la misma profesión» y están colegiados, podrían estar cubiertos también por algún seguro (en la sesión celebrada el día cinco los otros 14 manifestaron que no).
Para ello, el Ministerio Público ha considerado que lo que procede es la «suspensión» del juicio para practicar esta información suplementaria de forma que no se produzca la indefensión de los acusados ni de esta nueva aseguradora (Mapfre). Dicho esto, ha dejado claro que en su opinión «no procede la nulidad de actuaciones, no procede la reserva de acciones civiles, pero sí la devolución al Juzgado de Instrucción por la necesidad de practicar una sumaria instrucción suplementaria».
«Proseguir con una reserva de acciones civiles afecta a los derechos de defensa de las partes perjudicadas y todo debe llevarse a cabo con devolución al juzgado instructor», remarcaron este martes las acusaciones.
La Fiscalía, por su parte, ha incidido en la necesidad de «suspender» y no «anular» las actuaciones remarcando que «no ha habido vulneraciones de derecho fundamental». En esa línea Luis Antúnez ha remarcado que «la situación es la derivada de la no aportación de pólizas».
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El juicio que ahora se suspende pretende determinar la responsabilidad de empresarios y personal responsable de La Vasco en la enorme fuga de metano (grisú) en la planta 7 de la explotación minutos antes de las dos de la tarde del 23 de octubre de 2013, muy cerca de que finalizara el turno matinal de los mineros.
Allí a casi 700 metros de profundidad perdieron la vida de José Antonio Blanco, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Juan Carlos Pérez, José Luis Arias y Roberto Álvarez, con otros cinco compañeros que resultaron heridos.
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Ahora se aplaza el juicio ante la aparición de pólizas de seguro de responsabilidad civil en el caso de José Eliseo Solís Álvarez y José Marcos Ulecia Román, dos de los acusados que podrían ofrecer un importante poder indemnizatorio a las víctimas. Un aplazamiento que, eso sí, las defensas no han visto necesario temiendo la «conculcación de derechos».
El juicio de La Vasco
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