El Gobierno deja intacto su plan energético pese a que los populares exigen su retirada

Pese a la polémica que ha rodeado en los últimos días la aplicación del decreto –derivado de un compromiso con Bruselas para rebajar un 7% el consumo de gas–, el encuentro se desarrolló de forma «cordial». Los más combativos fueron los representantes de Murcia, Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla y León, territorios gobernados por el PP. Reclamaron, en concreto, la retirada del Capítulo uno del Título quinto del decreto, que recoge las limitaciones de temperatura o el apagado de escaparates a partir de las 22.00 horas. Aunque acabaron reconociendo que no les quedará más remedio que cumplir con la norma, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en anunciar que llevará este paquete de medidas ante el Tribunal Constitucional.

El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat catalana, Albert Castellanos, lamentó que la reunión había sido «una pérdida de tiempo» porque, en su opinión, «no se ha resuelto ninguna de las dudas generadas». Mientras que por la parte vasca, otra de las comunidades más combativas con el decreto-ley, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pidió «más flexibilidad» al Gobierno para un invierno en el que, augura, «será dudo».

Tras más de tres horas de reunión, la vicepresidenta tercera, que estuvo acompañada de la ministra de Industria, Reyes Maroto, reconoció la existencia de dudas por la aplicación de la norma en pequeños comercios y locales de hostelería, que podrían tener dificultades para cumplir con el plan, y también por el régimen sancionador. Pero insistió en que el decreto cuenta con la suficiente «flexibilidad» para que acabe imperando el sentido común. «A pesar de las mentiras vertidas, el decreto recoge que la salud laboral está por encima del uso del termostato, no es lo mismo un trabajo sendentario que otro que implica movimiento o calor, como los hornos», afirmó.

Sin embargo, la cuestión del régimen sancionador no debería ser, por pura definición, flexible. Algunos consejeros del PP lamentaban este lunes que muchas administraciones públicas sin cuerpo policial propio tendrán problemas en su capacidad para vigilar el cumplimiento del decreto o imponer sanciones, como ocurre en el caso de muchos ayuntamientos de municipios pequeños.

Sobre las críticas de «improvisación» formuladas desde el PP o el PNV, Ribera zanjó que «improvisa el que habla antes de leerse el decreto», en referencia a las quejas por la «falta de definición» en su redacción en el BOE, que la vicepresidenta tercera negó. También calificó como «descorazonadores» los ataques al decreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y cree que «la falta de unidad» en esta cuestión, «le hace el juego a Vladimir Putin».

Más combativa se mostró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que avisó de que el Gobierno «no tolerará ninguna insumisión al decreto». La también vicesecretaria general del PSOE volvió a insistir en argumento con el que Ferraz está contestando a las críticas de Ayuso y pidió al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «que, aunque le cueste, imponga su voz en el partido».