Sánchez mantiene el pulso al PP y reclama unidad ante una «oposición negacionista»

El presidente desoyó las críticas de la dirección nacional del PP y de las regiones gobernadas por los conservadores, además de País Vasco y Cataluña, por la falta de negociación y de diálogo del Gobierno a la hora de implementar unas medidas que obligan, por ejemplo, a apagar la luz de edificios públicos por la noche o que limitan la climatización de los establecimientos. Sánchez defendió que el Ejecutivo ya consultó con las comunidades, los grupos parlamentarios y los sectores afectados, las medidas que están contenidas en el decreto y que este lunes se celebró una nueva reunión específica entre la vicepresidenta tercera y ministra Transición Energética, Teresa Ribera, y los consejeros del ramo para aclarar sus dudas y reiterarles que la norma es de obligado cumplimiento. «La leyes se cumplen», aseveró.

En el Ministerio y en la Moncloa llevan días insistiendo en que con estas medidas España reducirá su consumo de gas «más de la mitad» del 7% acordado con Bruselas ante la amenaza del frío invierno y de una crisis energética avivada por el manejo del Kremlin de la llave del gas. «España no es europeísta solo por necesidad sino fundamentalmente por convicción», reivindicó el mandatario socialista. E incidió en que la situación «exige» al PP y a las administraciones «arrimar el hombro» y «sumarse al esfuerzo colectivo que se nos pide» a través de un conjunto de medidas de ahorro que es «coherente y concordante» con lo pactado en Bruselas.

En Génova coinciden con el Gobierno en que es «imprescindible» activar un plan de ahorro energético en línea con lo que exige Bruselas pero éste debe llegar a través del diálogo con todas las partes implicadas y no por «imposición». Por ello, el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, exigió ayer la «retirada inmediata» de la norma, que incluye «medidas incongruentes e inútiles» y que generan, en su opinión, «una enorme inseguridad jurídica.

El argumento de la cúpula del PP es que el decreto-ley se ha elaborado «a espaldas» de las comunidades y los municipios y de los «sectores afectados» sin atender a «las peculiaridades de cada una de las zonas» ni se haya medido el «impacto económico» sobre sectores como el comercio, el turismo o los espectáculos culturales. «En eso consiste el diálogo, lo demás es teatro», dijo Tellado, que insistió en que el Ejecutivo «está a tiempo de enmendar sus errores».

La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo avaló que las comunidades gobernadas por el PP recurran el decreto ante la justicia si lo consideran oportuno porque tienen «autonomía» para hacerlo. Es el caso de Madrid, que ya ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto porque invade las competencias autonómicas ligadas al comercio. «A diferencia de lo que propone la Unión Europea, el decreto impone obligaciones al sector privado», aseguró la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

La estrategia de Díaz Ayuso, que fue la primera en rechazar el plan energético, ha dado alas al Gobierno para tratar de ahondar en la distancia que existe entre el discurso de la presidenta madrileña y Núñez Feijóo. «No vamos a permitir que ningún Gobierno haga insumisión», avisó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recordó que «ese camino lo conocimos no hace mucho –en referencia al 'procès'–, y acabó mal».