La hoja de ruta de una España idílica a 30 años vista

Las 676 páginas que componen el documento 'España 2050', salpicadas por referencias a Séneca y Miguel de Unamuno, esbozan un país «con hambre de futuro», según figura en el título del prólogo firmado por Pedro Sánchez. Decenas de expertos e instituciones han participado en la elaboración de un plan que enumera objetivos específicos y cuantificables para las tres próximas décadas en campos como la economía, el trabajo, la educación, la igualdad y el cambio climático. Una hoja de ruta con tintes idílicos que, entre otras metas, se propone transformar el tejido productivo, erradicar la brecha de género e incluso aumentar la felicidad de los españoles con su estilo de vida. Una oda al optimismo, sentimiento que llama explícitamente a «redescubrir» para materializar medio centenar de objetivos a mediados del siglo. «Seamos optimistas. Recuperemos la confianza en el progreso, en nuestro país y en nosotros mismos», reza el epílogo.

«La clave» de todos los desafíos que presenta el Gobierno para 2050 es la educación, según Pedro Sánchez. «Conquistar la vanguardia educativa» es «el reto más importante de todos» con objetivos como reducir la cantidad de alumnos que repiten curso desde el actual 29% al 5%; disminuir la tasa de abandono escolar; hacer obligatoria una «etapa formativa» hasta los 18 años e incrementar el gasto público en educación hasta el 5,5% del PIB. Las reformas a emprender comienzan con el currículum escolar –ahora «rígido y enciclopédico»– que debe ser «rediseñado» para que privilegie el «pensamiento crítico» y la «experiencia», y «descentralizado» para que sean los centros educativos los que tengan una parte de decisión en la elección de asignaturas.

Otro «frente» está en la «profesionalización de la carrera docente», con mejoras en la formación y las condiciones laborales. El grupo de expertos del Gobierno también plantea un cambio en la evaluación, que sustituya el «actual sistema de titulación» por una «certificación competencial», y el aumento progresivo de la financiación, con más becas y «planes de refuerzo para el alumnado vulnerable». El documento indica que en 2050 habrá 800.000 estudiantes menos –de entre 3 y 15 años–, por lo que «se podrá duplicar el presupuesto por alumno sin incurrir en un incremento significativo del gasto público». Las «tecnologías digitales», dicen, ayudarán a «sacar todo el potencial».

La digitalización y la transición energética transforman el mercado laboral, y hacen necesaria la actualización de competencias de un millón de personas cada año para «mejorar la formación y recualificación» de los trabajadores. Se trata de enmendar la «alta proporción de población que no supera la educación secundaria», un «problema crónico» con reflejo en la productividad del mercado laboral, las oportunidades de empleo y los salarios, con trabajadores sin destrezas para desempeñar su trabajo o empresarios con un bajo nivel de estudios.

Como «resulta imposible predecir con precisión el tipo de competencias que demandará el mercado laboral del futuro» los «modelos formativos» tendrán que ser «flexibles», la «recualificación» de la población adulta debe ser continua, incluso si ya tienen empleo, para que esté «actualizada a lo largo de toda su vida». La crisis y los cambios demográficos, con 200.000 jóvenes menos,se ven como una oportunidad para la mejora del capital humano y para «duplicar el gasto por estudiante en la educación posobligatoria» sin más gasto público. La universidad pública, con nuevos mecanismos de financiación, tendrá que «adaptar su oferta y convertirse en centros de recualificación para población senior» con cursos variados. Si hay éxito casi toda la población participará en un curso anual, tendrán «habilidades digitales básicas» y el 75% hablará una lengua extranjera.

Con el calentamiento del planeta, España será más cálida, árida e imprevisible y las sequías afectarán al 70% del territorio, vaticinan los autores del reporte, por lo que urge proseguir los esfuerzos para alcanzar la neutralidad de carbono para mitigar esos fenómenos. Se identifican diez «frentes» de batalla contra el cambio climático que continúan la política del Gobierno, con la «transición ecológica» a la cabeza, en la que se debe «proteger a los sectores en reconversión y dar de cierta seguridad a las inversiones del sector privado», junto con el impulso a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo de «sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables».

En segundo lugar se quiere «prestar mayor atención a la interacción que existe entre el cambio climático, la degradación medioambiental y la salud de las personas». Para las empresas se propone la obligación del reciclaje, un impuesto a los residuos e incentivos fiscales para una transición social justa, que será reforzada con un nuevo Fondo de Resiliencia. También se fomentará la innovación para transformar la movilidad, adecuar la gestión de los recursos hídricos con la promoción de la reutilización y la desalación del agua, y se desarrollará un 'Plan nacional para la reducción del desperdicio alimentario' y estrategias para reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la gestión de las costas.

El envejecimiento de la población hace que el Gobierno acceda a «valorar la necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida», a la vez que busca mecanismos para «incrementar progresivamente la participación laboral de los mayores de 55 años» con una reincorporación basada en la «transformación de las competencias de aquellas personas que no pueden continuar en los trabajos que venían desempeñando». Con estas medidas se busca «preparar al estado de bienestar para una sociedad más longeva», en la que un tercio de la población tendrá más de 65 años y habrá la mitad de personas en edad de trabajar que en la actualidad, sólo 1,7 por cada habitante.

Como peligra la sostenibilidad de las pensiones públicas y la equidad generacional, los redactores de la 'estrategia nacional a largo plazo' también proponen elevar el gasto público en Sanidad hasta el 7% del PIB en diez años, «mejorar la compatibilización entre pensión y trabajo» con mayor flexibilidad y una figura de «jubilación activa», fomentar las pensiones privadas, aquí llamadas «sistema de previsión complementaria», cobrar la cotización de los autónomos según sus ingresos netos. Por otra parte se buscan estrategias para aumentar el empleo juvenil e incrementar la cobertura del sistema de cuidados, con una financiación pública de 2,5% del PIB.

Casi nueve de cada diez españoles vivirán en ciudades en 2050, un fenómeno que amenaza con fuertes desequilibrios territoriales y el declive de municipios pequeños y zonas rurales. El plan urge a «mejorar» las oportunidades económicas de esos lugares con una mayor capacitación de sus habitantes, un esfuerzo por reducir la brecha digital y un aumento de servicios públicos y privados. Incluso propone equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado, ahora concentrados en las ciudades.

Aun así, los expertos son conscientes de que las urbes seguirán atrayendo a millones de personas por sus oportunidades de desarrollo. Por ello, centran su visión en el campo de la vivienda. El plan aboga por incentivar los alquileres, sobre todo en pisos vacíos, y promueve una estrategia nacional de regeneración urbana integral, especialmente para «barrios desfavorecidos y vulnerables o con presencia de infravivienda».

Desde el punto de vista de la ecología, llama a prepararse ante el cambio climático. Recomienda, por ejemplo, implantar zonas de bajas emisiones como Madrid y crear huertos urbanos. Y en el campo de la cohesión social, plantea desarrollar una estrategia común de integración y acogida de la población inmigrante y abordar el creciente problema de la soledad no deseada con sistemas de detección temprana y voluntariado.

El plan parte de la premisa de que el actual sistema productivo es el principal causante de problemas del mercado laboral como «la escasa innovación, la baja implantación de tecnologías, el déficit de capital humano y las trabas burocráticas». Hasta que esas deficiencias no se corrijan, dicen los expertos, «la precariedad y el desempleo no podrán resolverse». Su receta pasa por mejorar la formación de la población activa, aumentar el I+D, incorporar tecnologías y modernizar el sector público.

El documento propone reducir a tres los tipos de contrato: uno indefinido, uno temporal «para necesidades coyunturales y sustituciones» y otro de formación. Al mismo tiempo, llama a adaptarse a las actuales realidades laborales en las que «el trabajo fijo a tiempo completo dejará de ser una opción para buena parte de la población» y promueve una reducción progresiva hasta las 35 horas semanales frente a la media actual de 37,7.

El capítulo laboral, que incide en la importancia de la negociación colectiva y el papel de los trabajadores en la toma de decisiones, propone incorporar un nuevo mecanismo de ajuste de empleo tomando como base los ERTE y adaptar el marco normativo a las «necesidades cambiantes» de las empresas. Además, pone el foco en los jóvenes, mayores de 55 años y mujeres. En este último apartado, se plantea que en 2050 no haya brecha de género.

«En España, nacer en familias de bajos ingresos económicos condiciona las oportunidades de educación y desarrollo profesional en mayor medida que en otros países europeos». Dicho de otra forma, el ascensor social está algo atrancado. «Se detecta un peor funcionamiento desde principios de siglo», concluyen los expertos. La principal receta que ofrecen es un incremento de la recaudación fiscal para que España recoja vía impuestos el 43% de su PIB frente al actual 35%, por debajo de la media de la UE.

En definitiva, la propuesta pasa por una gran reforma fiscal. Entre los cambios, se enumera el retoque del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones para hacerlos más progresivos. En estos últimos, llama a una armonización para «evitar estrategias de competencia fiscal indeseables» entre comunidades. Se propone ampliar las bases impositivas a costa de reducir los beneficios fiscales, y elevar los gravámenes al alcohol, tabaco y combustibles.

Todo ello para aumentar el gasto público en protección social en tres puntos −del 17 al 20% sobre el PIB− y reducir a la mitad la población en riesgo de pobreza. Con esos cambios, aboga por extender la cobertura del recién implantado Ingreso Mínimo Vital con otras herramientas como una nueva prestación por crianza de hijos y que las cargas por descendientes sean devueltas también a contribuyentes que no lleguen al mínimo para presentar la Renta.

En uno de los apartados menos tangibles, el plan presentado por el Gobierno se propone que España se sitúe entre los países más felices del planeta para 2050. ¿Cómo se mide eso? Aunque el documento incide precisamente en que se deben mejorar las herramientas, ya existe algún termómetro como el porcentaje de personas satisfechas con su vida. En el caso español, ahora representan un 83% de la población, una tasa que se pretende incrementar hasta el 92% en las próximas tres décadas.

Los especialistas recomiendan, en primer lugar, mejorar la satisfacción con el puesto de trabajo. «Debemos superar de una vez por todas la cultura de la presencialidad, promoviendo un uso eficiente del tiempo de trabajo y favoreciendo la disposición diaria de tiempo para ocio y relaciones sociales o familiares», aseguran.

Pero si hay un punto que destacan los autores del plan es la provisión de servicios de salud mental en la cartera de los sistemas sanitarios. El documento urge a disminuir los tiempos de espera para recibir diagnóstico y asistencia, y a proporcionar tratamientos que permitan reducir el consumo de psicofármacos. Para ello, aboga por incrementar el número de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública e involucrar también a los profesores, ya que la mitad de los problemas de salud mental más comunes surgen antes de los 15 años y el 75%, antes de los 25.

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