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Salvador Arroyo
Corresponsal. Bruselas
Viernes, 6 de noviembre 2020, 10:26
Bruselas se mantiene «al tanto» del plan del Gobierno de Pedro Sánchez de monitorizar a los medios de comunicación y a las grandes plataformas de internet para evitar la difusión de las llamadas 'fake news' o noticias falsas. Una iniciativa que ha generado dudas ... y rechazo tanto en los partidos de la oposición como en colectivos profesionales de periodistas.
La Comisión Europea, a través de uno de sus portavoces ha asegurado este viernes que seguirá muy de cerca los pasos dados por el Ejecutivo, aunque enmarcando esa vigilancia en un contexto más general, el de las medidas gubernamentales que se están articulando en el actual contexto de la pandemia. Una actitud 'vigilante' que entra dentro de las competencias propias del Ejecutivo comunitario y que se ha intensificado desde el estallido de esta crisis provocada por el patógeno.
La propia presidenta Ursula von der Leyen ha insistido en varias ocasiones y en distintos foros en que todas las medidas que hayan ejecutado los gobiernos o proyecten ejecutar durante estos meses complejos movidos por la celeridad de dar respuesta a la situación de emergencia han de ajustarse al respeto de los «valores fundamentales que rigen en la Unión Europea», haciendo especial hincapié en la libertad de expresión. En este sentido, Bruselas ha emplazado a los Gobiernos (hace apenas una semana lo hizo por última vez) a controlar la difusión de las noticias falsas por su peligrosidad para la salud, pero como recomendación y abogando por campañas de información institucionales que las puedan contrarrestar. En ningún caso requiriendo legislación expresa a las capitales.
«La orden planteada por España se ha puesto en marcha basándose en la legislación de emergencia y, como ya saben, la Comisión lleva tiempo vigilando la aplicación de medidas excepcionales por parte de los Estados miembros en esta pandemia», planteaba Johannes Bahrke, miembro del equipo de comunicación del Ejecutivo comunitario.
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Casi de forma simultánea a esta aseveración, el grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo solicitaba a la Comisión mediante preguntas por escrito un pronunciamiento claro sobre si el control que pretende el gobierno «es compatible con los valores fundamentales de la UE». «¿Considera la Comisión Europea oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos?», «¿considera que el control del contenido de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea?». Son las dos cuestiones trasladadas al Ejecutivo de Bruselas.
El jefe de la delegación naranja en la Eurocámara, Luis Garicano ha considerado «un mazazo a la democracia» la pretensión del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos subrayando su intención de «trabajar en Bruselas para que la Comisión intervenga en defensa del Estado de Derecho como ya lo hizo ante la pretendida reforma del Consejo General del Poder Judicial». Desde las filas del PP también se ha anunciado la intención de denunciar la medida gubernamental en las instituciones comunitarias.
Desde Madrid, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha explicado este viernes que el Gobierno no pretende limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación con su plan contra la desinformación, sino «limitar» que se puedan vehicular «falsedades» a través de los mismos. «Se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia. De eso se trata», ha sostenido la ministra en una entrevista en TVE.
La titular de Exteriores ha explicado que eso es lo que persigue el Ejecutivo con la orden que publicó este jueves, y que sigue las directrices marcadas por dos comunicaciones que la Unión Europea lanzó en 2018. «Recomiendo su lectura. Creo que es útil entender qué estamos intentando arreglar», ha señalado.
En esta línea, Laya ha insistido en que deben «tratar de preservar la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, que es una obligación pública». «Cuando en Europa desde instituciones públicas se insta a un pacto con Facebook, Amazon o Google a hacer un pacto por una información veraz se hace desde las instituciones. También las instituciones públicas, los gobiernos, tienen esa obligación de garantizar un debate público plural y diverso», ha argumentado.
MATEO BALÍN | Madrid
La orden ministerial que anunció la creación de un comité político para vigilar el flujo de la desinformación ha provocado una importante marejada. Los juristas consultados advierten de la necesidad de que este tipo de iniciativas tengan una mayor transparencia y abogan por permanecer atentos si se acaba desarrollando un proyecto de ley 'ad hoc'. Esto es, una norma que obligue a los medios a emitir «verdades oficiales» a partir de las conclusiones que establezca este nuevo órgano dirigido desde Moncloa.
Sobre la orden publicada este jueves en el BOE, todos coinciden en señalar que se trata de un compendio de directrices para reconocer, identificar, evaluar y explicar las amenazas de las llamadas 'fake news'. Se trata, en suma, de regular los órganos, las atribuciones y los niveles de actuación, pero «no detalla nada» sobre la ejecución de estas acciones, señala un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prefiere mantener el anonimato.
«De momento hay mucho ruido y pocas nueces. No tiene nada sustantivo, es una mera organización ministerial. A día de hoy solo los jueces pueden eliminar contenidos de internet, y mientras no cambien las leyes seguirá siendo así», comenta el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en derechos digitales.
Esta orden como tal, añade Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, no restringe derechos fundamentales ni habilita a hacerlo, ya que se trata de un procedimiento genérico. «Si fuese un proyecto de ley, al menos, ya sabríamos qué medidas se tomarían, pero el problema es que no tenemos ni la más remota idea de qué quiere hacer el Gobierno con esta orden», apunta.
Este magistrado hasta 2019 propone una mayor transparencia y la presencia de órganos independientes de la sociedad civil en el comité «para que puedan estar vigilante». «Si se hacen las cosas bien no nos deberíamos de preocupar, pero existen motivos para sospechar», resume.
Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network, la red de verificadores internacional, ha advertido que la lucha contra la desinformación «no debe avanzar sobre las libertades individuales». «No hay datos que relacionan la existencia de leyes y comisiones con una bajada de los contenidos desinformativos», advierte. Y es que la asociación tiene una base de datos sobre las medidas adoptadas en cerca de 60 países y lo que se ve es que los planes de los gobiernos «terminan en censura, prisiones, cortes de internet y creación de entidades que hacen fact-checking partidario», afirma en declaraciones a 'Newtral'.
El PSOE se opuso en 2018
En 2018, precisamente, el Pleno del Congreso ya rechazó una proposición no de ley del PP que reclamaba al Gobierno medidas para reforzar el control de las «noticias falsas». La iniciativa contó con el voto en contra del PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas, y el apoyo solo de Ciudadanos.
El texto reclamaba introducir en las capacidades de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia «sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta» frente a las 'fake news'. Asimismo, instaba al Gobierno socialista a impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de informaciones que circulan por la red, así como su «sellado» como «potencial noticia falsa ante el ciudadano», medidas de contención que serían desarrolladas por instituciones especializadas.
Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor alertó entonces de que la iniciativa se desliza peligrosamente por un «campo minado» que se acerca a la censura y al recorte de las libertades. Mucho más duro, el diputado de Podemos Rafael Mayoral denunció que lo que planteaba el PP es una «ley mordaza 2.0» y la creación de un «ministerio de la verdad». Una calificación, curiosamente, que este jueves repitieron desde VOX para criticar la orden ministerial del Gobierno.
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