El Gobierno activa un plan para controlar desde Moncloa la «desinformación»

La excusa del organismo dirigido por Félix Tezanos, que restó entonces intencionalidad a la cuestión lanzada, era la proliferación de desinformación coincidiendo con la primera ola de la pandemia. El asunto generó una amplia controversia en los medios de comunicación por el supuesto interés en aprovechar esta crisis sanitaria para establecer mecanismos de control «desde atrás» de las noticias. Una vieja querencia de los Estados occidentales que entra en colisión con el derecho fundamental a la libertad de información y la recepción de contenidos veraces. Una figura protegida por la Constitución española.

No fue, de este modo, ni mucho menos gratuito el debate abierto entonces por el CIS o la intervención de la Fiscalía General, dirigida ya por la exministra de Justicia Dolores Delgado, para advertir de las posibles responsabilidades penales que conllevan estas conductas. De forma previa, el Consejo de Seguridad Nacional había mostrado su preocupación creciente por las campañas de desinformación procedentes del exterior (la recurrente sombra de Rusia) para desestabilizar las instituciones españolas. El ejemplo más repetido fue el 'procés' secesionista en Cataluña. Mientras tanto, los servicios de inteligencia hicieron lo propio a través del Centro Criptológico Nacional.

Con este contexto, el Gobierno ha llevado hoy al BOE la activación de un plan para luchar contra las 'fake news', que incluye la creación de una comisión bajo la batuta del jefe de Comunicación de Moncloa, Miguel Ángel Oliver. El proyecto, aprobado por el Consejo de Seguridad y controlado por miembros del Ejecutivo, tiene como objetivo hacer frente a la difusión de «noticias falsas».

La iniciativa se respalda en la línea marcada por la Unión Europea para combatir este ingrediente de la actual guerra asimétrica entre países y conglomerados privados de poder. Y la cabeza visible de este plan en España ha sido el jefe de Gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo.

La letra pequeña de la orden expone que la «información veraz y diversa» se encuentra en peligro debido a la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática» de bulos que persiguen influir en la sociedad «con fines interesados y espurios». Por este motivo, añade, «es necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades abiertas».

El documento está firmado por el Ministerio de Presidencia de Carmen Calvo. En su primer apartado, en el que se explica el contexto de este nuevo plan, se incide especialmente en la incidencia de la pandemia de Covid sobre la desinformación. Como objetivos se propone determinar los mecanismos de actuación en relación con estas noticias, crear un equipo de trabajo «ad hoc» para la elaboración y revisión de una estrategia nacional e identificar los actores del sistema de la lucha contra las «fake news».

Para este cometido de vigilancia nace la Comisión Permanente contra la desinformación. Estará compuesto por distintos órganos, todos dependientes del Gobierno, mezclando órganos de carácter más defensivo con otros con fines más informativos. Será coordinado por Oliver y estará dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional, ambos dependientes del presidente del Gobierno a través de su mano derecha Redondo.

Asimismo, participan entre otros el Centro Nacional de Inteligencia, el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Del mismo modo, se abre la puerta a la petición de colaboración del sector privado y la sociedad civil.

El anuncio conocido en el BOE ha tenido respuesta en la oposición. El PP ha arremetido contra el Gobierno por aprobar una orden de tanto calado «por la puerta de atrás». «Es un auténtico escándalo. El Ejecutivo se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera. ¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas?», se ha preguntado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. El dirigente popular ha avanzado que su partido estará al frente de la defensa de la libertad de información.

En la misma línea pero con mayor intencionalidad, Vox ha denunciado que esta suerte de «ministerio de la verdad» tiene el objetivo de «controlar» las opiniones de los ciudadanos y «censurar» a aquellos medios de comunicación que no le son afines.