Casado descarta negociar con el Gobierno una prórroga y confirma el voto en contra

El «viraje» exige un tiempo y una explicación. Ese fue el argumento con el que hace una semana dirigentes nacionales y territoriales del PP desaconsejaron saltar del sí al no al mantenimiento del estado de alarma de forma abrupta. Casado optó entonces por la abstención, pero no sin dar entender en la Cámara baja que esa sería la primera y la última vez. Ahora los populares han elaborado un documento jurídico en el que detallan los apartados de la legislación ordinaria que permitirían, a su juicio, gestionar la desescalada sin recurrir a herramientas excepcionales. Son las mismas leyes que el presidente de la formación conservadora enumeró en el último pleno. Entre otras, la normativa de Salud Pública, la General de Sanidad, la de Protección Civil o la de Seguridad Nacional.

Pese a que persisten algunas dudas en sectores del PP sobre el alcance de esta normativa y sobre si permitiría las restricciones vigentes, lo que no tiene vuelta atrás es el voto contra el estado de alarma, cuya aplicación, según Casado, ha sobrepasado las propias costuras de este instrumento. «Esto -elevó este martes el argumento- es ya una cuestión de principios». Por extensión, el líder de los populares rechaza, como lamentan cargos del partido, que cometiera un error estratégico al no negociar con el Gobierno la semana pasada una última prórroga con condiciones.

Varias fuentes coinciden en que el movimiento de Ciudadanos, que exigió a Sánchez una serie de compromisos a cambio de respaldar el estado de alarma, ha dejado al PP «fuera de la partida» y en una posición «irrelevante». Además, subrayan que desvincular los ERTE de la vigencia de la declaración extraordinaria era, precisamente, una de las reivindicaciones de los populares.

Casado, sin embargo, no cree que negociar un instrumento que considera superado fuera una opción. De hecho, este martes defendió no haberlo hecho desde que comenzó el confinamiento el 14 de marzo. En ninguna de las prórrogas, aun votando a favor de las tres primeras, el PP enmendó el decreto de alarma en el Congreso. «Me costaba mucho explicar por qué estábamos apoyándolo», pasó página este martes.

No sólo eso. El líder de los populares ha encontrado en la demoscopia la réplica a quienes cuestionan su estrategia: «Respecto a si ha sido un error, hombre, las encuestas parece que no lo ven así». Algunas fuentes de la formación, sin embargo, advierten sobre el riesgo de que el PP esté dejando «hueco» en el centro a Ciudadanos y, dado que no hay elecciones en el horizonte, abogan por no caer en la «tentación» de deslizarse al espacio de Vox.

De momento, la dirección del PP dio a conocer este martes su plan B para la desescalada, tras tildar de «caótica» y «partidista» la manera en la que el Gobierno está conduciendo la transición de una fase a otra por territorios. La propuesta de los populares, que Casado trasladó a la vicepresidenta Carmen Calvo este lunes en una conversación entre ambos, recoge medidas a corto, medio y largo plazo.

Para su presentación, el líder del PP se rodeó de dos exministras, Ana Pastor y Elvira Rodríguez, y el consejero de la Comunidad de Madrid Enrique López. Los tres coordinarán los trabajos del partido en los próximos meses en materia de sanidad, economía y justicia con una hoja de ruta bautizada «Activemos España». El objetivo, deducen fuentes de la formación, es trasladar una imagen de «alternativa» al Ejecutivo.

Entre las iniciativas que plantea el PP figura el impulso a un acuerdo de sanidad en la comisión de reconstrucción en el Congreso. Un acuerdo que los populares denominan Pacto Cajal por el Premio Nobel de Medicina. También la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial que incluya una unidad de seguimiento de pandemias y cuente con representantes territoriales.

Además, los populares abogan por el uso obligatorio de las mascarillas en la calle, demandan test masivos y piden un sistema de códigos QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos. En lo económico, sugieren extender el pago de los ERTE hasta el 31 de diciembre y una «tarjeta social» que aglutine las ayudas percibidas por cada ciudadano «evitando duplicidades, también con la renta mínima».