Adrián Barbón apunta directamente a Blue Solving: «Mi compromiso personal y político es llegar hasta el final»

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, tomaba la palabra este miércoles en el pleno en el que se enfrentaba por primera vez tras el trágico accidente en la mina de Cerredo donde murieron cinco trabajadores leoneses a las preguntas de la oposición.

Lo hacía un día después de que la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, anunciara su dimisión para «no ser un obstáculo» en la investigación que tratará de aclarar lo que sucedió aquel 31 de marzo en Degaña.

En un bronco enfrentamiento en el que la oposición de PP, Vox y el grupo Mixto echó las culpas sobre el responsable del Principado, Barbón intentó reiterar que su compromiso «personal y político» es «llegar hasta el final y que la investigación tenga consecuencias».

En este sentido, no dudó en pone en el foco de la misma a la empresa Blue Solving, nombre que según Barbón «la derecha y extrema derecha tienen miedo de pronunciar», al tiempo que respondía a los portavoces de PP -Álvaro Queipo- y Vox -Carolina López- lamentando que «no quieren saber la verdad».

En su comparecencia, el presidente Barbón anunciaba que su gobierno tiene la intención de personarse como acusación particular en la investigación judicial que se está llevando a cabo y que espera que la justicia pueda ser «ágil» para «depurar responsabilidades».

De forma paralela trabaja la comisión de seguridad minera que ha constituido un grupo de trabajo específico así como la investigación político-administrativa con una inspección general de servicios que «ha sido clave en otras ocasiones para ver qué no ha funcionado, conocer las negligencias y errores que pueden haber cometido y actuar en consecuencia».

A la portavoz del grupo Mixto, Covadonga Tomé, el presidente se dirigía directamente para asegurarle que se podrá a disposición «toda la información para que se sepa la verdad». «La empresa hizo algo para lo que no estaba autorizada. No tenían autorización más que para la retirada de materiales y creo que la empresa va a enfrentarse a una responsabilidad penal porque ha incumplido la licencia a la que estaba autorizada y porque provocó muertes por esta actuación», concluía.

Con una reorganización del ejecutivo tras la dimisión de Díaz, el gobierno de Barbón se enfrenta a una investigación que tratará de resolver qué ocurrió realmente el 31 de marzo en la mina de Cerredo y depurar las responsabilidades tanto políticas como de la empresa en la muerte de los cinco mineros leoneses.

Todo ello mientras la oposición plantea una comisión de investigación con el apoyo de PP y Vox y a la espera de si IU, que consultará a las bases, mantiene su respaldo.

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