El Gobierno se da un plazo de «dos o tres semanas» antes de acometer confinamientos en zonas como León

Illa y su equipo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles dieron una y otra vez largas a las peticiones, incluso en algunos casos súplicas, de algunos territorios de poder encerrar ya en casa a la población para poder embridar un virus cada vez más desbocado en alguna zonas. «Las medidas en marcha necesitan un tiempo de reacción» para ver sus efectos, insistió la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Y es que el Gobierno contempla cada vez con más desasosiego la posibilidad de tener que embarcarse en un estado de alarma, con todo el trámite legislativo que ello conlleva, solo días después de haber sacado adelante el último decreto por un plazo de seis meses. Pero sabe que si la situación epidemiológica continúa empeorando, las comunidades y las ciudades autónomas con más incidencia y con mayor presión en las UCI tendrán que recurrir a los encierros domiciliarios.

Pese a esta nueva negativa a poner en marcha ya un nuevo decreto de alarma, en Moncloa, donde los juristas llevan trabajando sobre esta posibilidad desde hace ya más de una semana, son conscientes de que prácticamente a las autonomías solo les queda una bala en la recámara antes del encierro domiciliario: sacrificar la hostelería con restricciones más o menos severas.

Por eso Sanidad, que comenzó a lanzar a finales de octubre este mensaje, insistió hasta la saciedad este miércoles en el Consejo Interterritorial en que las comunidades tienen todavía cierto margen para mejorar sus datos y bajar la presión hospitalaria, dando a entender que pueden todavía restringir más el ocio y la restauración.

Salvador Illa y su equipo pidieron a los consejeros de los 19 territorios calma e instaron a las autonomías a esperar unos días para ver si las medidas ya en marcha comienzan a tener efecto antes de tener que aprobar un nuevo decreto. Los representantes del Gobierno central hicieron pues oídos sordos a la petición de legislar ya de algunos de los territorios más golpeados por esta segunda ola, tales como Melilla, Asturias, Castilla y León y, desde hoy, Andalucía y Ceuta. El presidente de esta última ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), defendió este miércoles que el confinamiento domiciliario de la población debe ser una medida «urgente y necesaria» debido a la «dramática» situación epidemiológica de «extremo riesgo» que atraviesa Ceuta en estos momentos.

La Junta de Andalucía, a través de su consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, urgió a Illa para que «legisle a la mayor brevedad posible» sobre la posibilidad de decretar «el confinamiento total o parcial de la población» para frenar la expansión de contagios de la Covid-19. Euskadi, por su parte, también solicitó adaptar el Real Decreto de Estado de Alarma para poder decretar confinamientos domiciliarios.

Pero los llamamientos de las autonomías, el territorio con mayor incidencia del país, no tuvieron respuesta por parte de Sanidad, que insistió en que las comunidades y las ciudades autónomas todavía tienen margen con el actual decreto, sobre todo cerrando bares, restaurantes, llevando a máximos los toques de queda y expandiendo los confinamientos perimetrales municipales.

Pero lo cierto, según recordaron hoy diversos responsables autonómicos, es que ya media España ha agotado su arsenal con las limitaciones de la hostelería. Y es que hasta ocho autonomías ya han sacrificado los bares, restaurantes y otros lugares de ocio, llevando casi siempre hasta el extremo las restricciones.

Murcia, solo unas horas antes del inicio del Consejo Interterritorial de Salud, el cierre de la hostelería y la restauración desde este sábado y durante 14 días. Poco después el siguió Galicia que cerró la hostelería y otras actividades esenciales en 60 municipios (que engloban al 60% de la población de la comunidad) durante mes.

Estas dos comunidades se sumaron así a las otras seis autonomías que desde mediados de octubre han recurrido a la clausura total y parcial de bares y restaurantes como últimos recurso para frenar la transmisión el virus: Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Asturias y Aragón (que cerrará la hostelería a las 20 horas en un cierre light en comparación con las otras regiones).

Los técnicos de Sanidad y de las comunidades creen que el cierre de la hostelería es la última opción para sortear el confinamiento domiciliario ya que los datos de las últimas tres semanas demuestran que esta medida está siendo más efectiva que los toques de queda que ya se venían aplicando en alguna comunidades antes de que el 25 de octubre el nuevo estado de alarma los generalizara en todo el territorio nacional. Las tres autonomías que antes comenzaron a cerrar bares, restaurantes y otros locales de ocio (Cataluña, Navarra y La Rioja) ni mucho menos han logrado reducir drásticamente sus cifras, pero sí que las han contenido. Murcia hoy mismo defendió la clausura hostelera comprobar que en los 10 municipios en los que hace una semana ya se cerraron los bares y restaurantes, los casos han caído un 8%, mientras que en la región los positivos han crecido hasta en un 14%.

En Cantabria, sin embargo, apostaron por otro modelo, el confinamiento municipal de municipal de toda la región hasta el próximo 18 de noviembre.

Más allá de la discusión sobre la necesidad de que el Gobierno apruebe ya un nuevo estado de alarma para el cierre domiciliario, el consejo aprobó varios puntos, entre ellos: esperar entre 10 y 14 días para valorar las medidas ya en marcha; que las comunidades seguirán con toque de queda más allá del 9 de noviembre, excepto que Madrid, que se encerrará solo el próximo puente de La Almudena; o que cualquier cambio en la duración mínima de siete de las medidas del actual estado de alarma (toque de queda, perimetrar y reuniones de menos de seis personas) deben tener el visto bueno del ministerio si alguien por datos epidemiológicos o causas que justifiquen la lucha contra la pandemia quiere variarlo tendrá que tener permiso del ministerio.