Igea apuesta por un confinamiento aunque «no tan duro» como el de marzo para frenar los contagios

Igea explicó que, con los datos de incidencia acumulada en los últimos 14 días, que está por encima de los 800 casos por 100.000 habitantes, la «intención» del Gobierno autonómico sería la de aplicar el confinamiento en todo el territorio, aunque no descartó la posibilidad de ser «más flexibles» en algunas zonas «concretas».

El vicepresidente de la Junta urgió al Ministerio de Sanidad a valorar esta medida en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles, en lugar de esperar al lunes. «No hay tiempo», advirtió Igea, quien recriminó al ministro, Salvador Illa, su rotundidad al afirmar que su departamento no lo contempla. «No puede no contemplarlo», ha afirmado el portavoz del Gobierno autonómico. «Es que viene», sentenció.

Según Igea, la Junta de Castilla y León se decanta por una herramienta que permita a las comunidades autónomas llevar a cabo lo que denominan «confinamientos programados», en alusión a la posibilidad de notificar a los ciudadanos las circunstancias que llevarían a su aplicación. «Y en la medida de lo posible», añadió Igea, «durante cuánto tiempo y en qué condiciones».

Ante la aplicación de nuevas medidas restrictivas a partir de la medianoche del próximo viernes, entre ellas el cierre de la hostelería, de instalaciones deportivas o centros comerciales, Igea pidió «un esfuerzo» a la población para «evitar» el recrudecimiento de las medidas que permitan frenar la expansión del COVID-19 aunque, de lo contrario, advirtió que desde la Junta se adoptarán «cuantas soluciones sean imprescindibles» para «evitar que se pierdan vidas humanas» y rechazó la posibilidad de «mirar para otro lado».

No ha gustado al vicepresidente de la Junta la reciente petición del Gobierno, apremiando a las comunidades autónomas a ser «contundentes» en sus decisiones en esta segunda ola de la pandemia. A juicio de Igea, esa petición «sobra» y defendió que Castilla y León está siendo «todo lo contundente que requiere la situación», al tiempo que afirmó que el Ministerio «se aparta» al delegar en los gobiernos autonómicos la toma de decisiones bajo el amparo que les ofrece el estado de alarma.

«Nosotros vamos a asumir todos los costes que tengamos que asumir», advirtió Igea, quien puso de relieve la necesidad de que el Gobierno «haga su papel y lidere la gestión de la crisis», lo que constituye actualmente «su obligación».