El control financiero en las entidades locales consiste en verificar el funcionamiento de los servicios públicos en el aspecto económico-financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y las directrices que los rigen; es decir, corroborar que la gestión de los recursos públicos en el ámbito local se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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En virtud de esto, y dado que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local dispone que los miembros de las corporaciones tienen derecho a obtener del alcalde información de los distintos servicios municipales, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, solicitaba mediante un escrito del 21 de noviembre pasado 'Acceso y copia de todos los documentos y/o informes pertenecientes al Plan anual de control financiero, que hayan sido elaborados por el órgano interventor municipal durante el presente ejercicio 2024'.
La respuesta obtenida por parte de la Concejalía de Hacienda el 5 de diciembre, ya vencido el plazo legal de cinco días, explicaba que «… al objeto de completar los mismos (documentos del Plan de control financiero), le informo que estamos a la espera de recibir las oportunas respuestas por parte del sr. interventor al cuestionario planteado desde esta concejalía en relación con los citados informes, que estimamos se producirá de manera inminente, por lo que en los próximos días creemos poder atender su petición, y remitir de forma completa la referida documentación».
A juicio del PP, el equipo de gobierno de José Antonio Diez no ha entregado estos informes (elaborados en septiembre) casi un mes después de su solicitud y a pesar de la petición expresa de los mismos. «Después de cinco años de Diez en el gobierno de la ciudad, las consecuencias de su mala gestión empiezan a rodearle y no le queda más opción que recurrir al ocultismo, al silencio y los incumplimientos legales para tratar de camuflarla, entrando en una dinámica muy preocupante. Y es que, si la semana pasada denunciábamos la ilegalidad cometida por el alcalde al restringir el tráfico de las calles del centro, ahora lamentablemente tenemos que denunciar una nueva ilegalidad, y es que el alcalde está bloqueando el acceso a la información al PP en el Ayuntamiento de León», prosiguió Fernandez.
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La ley establece un plazo de cinco días para que el alcalde facilite la información que solicite la oposición y, en este caso, ya ha pasado casi un mes. Por eso, «ante este afán por ocultar esos informes, nos preguntamos ¿qué esconde el alcalde?, ¿qué contiene ese informe que el alcalde no quiere que conozcan los leoneses?, ¿tienen algo que ver estos informes elaborados en septiembre con las maniobras que posteriormente ha hecho el alcalde sobre los puestos de interventor y viceinterventor municipal?».
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«Muchas incógnitas y, como digo, una espiral muy peligrosa en la que ha entrado este alcalde, al que ya no le importa utilizar cualquier resorte, incluso saltarse la ley, con tal de que las vergüenzas de su gestión no queden al aire. Tristemente, este alcalde se parece cada vez más en sus formas y modos al inefable presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aun así, los leoneses han de saber que desde el PP seguiremos denunciando estas ilegalidades, acudiendo a todos los resortes que nos ofrece nuestro estado de derecho para que el alcalde cumpla con la legalidad», finalizó el portavoz popular.
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