La zona de bajas emisiones de León es «ilegal» y piden eliminarla temporalmente

Las restricciones al tráfico de las calles Gil y Carrasco, Alfonso V, San Agustín y Ramiro Valbuena no se ajustan a la legalidad en el propósito de promover una zona de bajas emisiones para la ciudad de León.

Así se entiende de la resolución emitida por el Procurador del Común, a respuesta de una petición de información del Grupo Municipal Popular, en la que se pide que se eliminen estas restricciones a la movilidad en el centro de la capital leonesa hasta que exista una ordenanza que lo regule.

El portavoz del PP David Fernández ha calificado de «engaño, improvisación y falta de diálogo» la actitud del alcalde José Antonio Diez para implantar «por la puerta de atrás» la ZBE de León. Para explicarlo ha recordado que el regidor tildó de «calmado del tráfico» la actuación en las calles colindantes a Ordoño II, donde se permitiría el estacionamiento y el tráfico a 10 kilómetros por hora. Sin embargo, tras las Elecciones Municipales, una pregunta en el pleno desvelaba el futuro inmediato de esta actuación: nuevas calles peatonales con acceso restringido y sin aparcamiento. «El resultado es una obra de aspecto soviético, sin zonas verdes ni sombras y de dudoso gusto estético», sentencia el líder de los populares en la ciudad. A ello suma las consecuencias para el tráfico: «Se multiplica el embotellamiento, hay tráfico más lento y aparcar es una pesadilla que obliga a gastar tiempo y dinero», sentencian.

Ante esta revisión del proyecto, que pasaba de calmado de tráfico a zona de bajas emisiones, el PP presentó una queja al Procurador del Común cuya resolución se interpreta como «una ilegalidad» del alcalde por «saltarse la ley» para ejecutar este proyecto de ZBS. Además, apuntan a que «se intentó engañar» a la institución afirmando que el cierre de estas calles sería «provisional» a la espera de una ordenanza, pero, sin embargo, desde Alcaldía se emitió un decreto de regulación peatonal de dichas calles. «El Procurador dice que el propósito es promover la zona de bajas emisiones y no se puede restringir el tráfico con un decreto de Alcaldía», recogen en el Partido Popular.

Fernández ha detallado los gastos que ha supuesto esta implantación desde hace dos años, alcanzando los 6 millones de euros, «perpetrando un engaño desde el principio, antes y después de las elecciones».

Ahora, la resolución del Procurador del Común informa sobre la necesidad de aprobar la ordenanza con las garantías pertinentes de audiencia pública y participación ciudadana. «El alcalde se cree el rey absoluto de León y cercena los derechos de los grupos políticos y de los vecinos», insiste el portavoz popular. A ello se suma la necesidad, según el informe, de tener una justificación ambiental «muy clara» y una memoria que recoja el impacto económico de agentes vulnerables y pequeñas empresas. «Idoneidad, necesidad y proporcionalidad», son los tres requisitos que plantea la institución para ejecutar una zona de bajas emisiones.

Por ello el Partido Popular denuncia el «engaño e improvisación» del equipo de gobierno que van a «pagar» todos los leoneses con tráfico, pérdidas de ventas y falta de aparcamiento. «No estamos contra las peatonalizaciones, pero sí contra las chapuzas», por lo que reclaman legalidad y transparencia en este asunto y desechan que «una docena de vecinos» tenga capacidad para tomar decisiones, como se justificó en la peatonalización de Ramiro Valbuena, por encima de la voluntad de todos. «Se debe tener en cuenta algo más que la ideología y la megalomanía», subrayan. También reclaman que el plan alternativo para reforzar el transporte público y un plan de aparcamiento hubieran sido la pieza previa a la implantación de la ZBS en León. «Si el alcalde no actúa, tomaremos las medidas necesarias para preservar los derechos de los leoneses». Aunque antes de avanzar en este sentido, que sería acudir a la vía judicial para denunciar el proyecto, se exigirá la entrega del proyecto «que se lleva preparando dos años» y mantendrán la alerta para conocer la ordenanza. «Pedimos que se cumpla la ley, hay actuaciones y un gasto de 6 millones por la puerta de atrás. Queremos conocer esa ordenanza y debatirla», insisten desde el PP.

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