La factura del coronavirus: 28.400 millones de gasto público para siete millones de personas

La cuantía, que representa aproximadamente un 2% de toda la riqueza nacional, está a punto de alcanzar partidas tan relevantes como lo que la Administración destinó en el peor año de la anterior crisis (2012) al abono de las prestaciones por desempleo durante los 12 meses. O el importe, por ejemplo, de tres meses de pensiones públicas (a razón de unos 9.000 millones al mes) que abona la Seguridad Social.

De los 139.000 millones que van a impactar en las cuentas públicas como consecuencia de las medidas de la covid-19, más de 28.400 millones se explican por el gasto asumido por el Estado. Otros 100.000 millones se deben a los avales del ICO y unos 6.000 millones más, por el descenso en los ingresos públicos.

La primera medida aprobada por el Ejecutivo para evitar que se disparase el desempleo es la que mayor impacto económico tiene. Los ERTE por causa de fuerza mayor, que pueden acoger a unos cuatro millones de trabajadores, supone un gasto de 17.894 millones sobre todo en concepto de prestaciones públicas para los ciudadanos afectados cuyo puesto se encuentra suspendido temporalmente.

Por otra parte, Hacienda calcula que la prestación por cese de actividad para los autónomos supondrá un impacto de 3.766 millones de euros. Entre ambas medidas (ERTE y paro para trabajadores por cuenta propia) se llevan un 75% de todo el gasto de la factura por el coronavirus.

Además, las entregas a cuenta realizadas a las comunidades autónomas para que puedan asumir mayor gasto y contar con una inyección de liquidez representan unos 2.867 millones; el crédito extraordinario a Sanidad, otros 1.400 millones; y el gasto para afrontar las bajas laborales por la covid-19, otros 1.355 millones.

El resto de gastos, como sobre todo ligados a la protección de las familias en situación más vulnerable, apunta 1.121 millones de gastos al recibo de las cuentas públicas.

Todas estas actuaciones han permitido que más del 30% de la población activa se encuentre protegida con fondos públicos de forma excepcional. Se trata de 7,1 millones de ciudadanos, según las estimaciones de Hacienda. El Ejecutivo calcula que unos cuatro millones de trabajadores están acogidos a ERTE, más otro millón y medio de autónomos, a su paro excepcional. A ellos se suman los 900.000 desempleados con prestación y casi otro millón en baja o con subsidios.