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Todas las medidas aprobadas en el último mes y medio para hacer frente a la crisis del coronavirus tendrán un efecto millonario en las cuentas públicas. Aunque el Gobierno había asumido esa factura, ahora le ha puesto cifras: España cerrará con un déficit del ... 10,3% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2020. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció este viernes que es el «mayor déficit desde 2012», cuando se situó cerca del 10,7%. Fue a partir de 2013 cuando comenzó a caer y así se mantuvo durante los seis ejercicio posteriores de recuperación económica.
El descuadre será de 115.671 millones de euros, una de las cifras más altas desde la anterior crisis, después de que el año pasado el déficit se situara en unos 33.000 millones tras seis años de caída. España se asoma al abismo de 2009, el peor ejercicio, con 120.000 millones en negativo.
Al contrario de lo que ha hecho el Ministerio de Economía con el PIB y el paro, en Hacienda no han presentado previsiones sobre una senda de reducción a partir de 2021, cuando mejore la actividad. Montero apuntó que «aún es prematuro» realizar estos cálculos sobre la desescalada presupuestaria, que va a dar un giro de 180 grados en pocos meses.
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El programa de sostenibilidad remitido el jueves por la noche a la Comisión Europea sí que aclara alguna cuestión. El Gobierno explica en ese documento que no va a «perder de vista la necesidad de preserva la sostenibilidad» de las cuentas públicas. Espera que la desviación «se empiece a corregir a partir de 2021» con una «senda descendente». Pero no pone números. Para intentar cuadrar el presupuesto, Hacienda se compromete a «retomar las medidas tributarias» que fueron rechazadas en el último proyecto presupuestario. De aprobarse, se quedarían cortas, porque inyectarían 5.600 millones con la estimación de 2019.
La titular de Hacienda quiso calmar a quienes piden a uno y otro lado del arco parlamentario medidas impositivas de distinto calado. «No habrá ni subidas masivas ni bajadas masivas de impuestos», indicó Montero. Solo están sobre la mesa el de transacciones financiera y la tasa digital. Entre ambas, sumaban 2.000 millones de inyección. Montero explicó que su objetivo es «acelerar» su tramitación en las Cortes para que estén aprobadas «en el último cuatrimestre».
La ministra hizo hincapié en que hay que mantener las rentas salariales y «sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo previsto a principios de año», respondió a cuenta de algún ajuste en el salario de los funcionarios.
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El Estado tiene que hacer frente a un incremento del gasto que llegará hasta los 576.714 millones, con un alza del 10,5%. La factura alcanza los 139.000 millones (104.000 millones en avales del ICO; unos 28.400 de gasto ; y 6.000 menos en ingresos).
Al mismo tiempo, Hacienda prevé que los ingresos caigan un 5,3% hasta los 461.043 millones. La recaudación será menor en todas las figuras: en el caso del Impuesto de Sociedades, caerá un 8,7%; en el IRPF, un 2,4%; y el IVA, un 5,2%. En los Impuestos Especiales, un 6,7%, y en Transmisiones y Actos Jurídicos, más de un 37%. La caída de las cotizaciones será del 6%.
Todo ese gasto que ha asumido el Estado tendrá otro efecto para la sostenibilidad económica: la deuda pública se disparará hasta el 115,5% de la riqueza nacional, frente al 95,5% en el que cerró en 2019. En términos globales, España asumirá un endeudamiento adicional de más de 200.000 millones de euros.
No hay ningún registro histórico similar que pueda compararse con este incremento del endeudamiento. El de la deuda era el hándicap de la economía español, tras unos años de lenta caída, que ahora van a duplicar la referencia del 60% del PIB aconsejada en su momento por la UE.
La previsión del Gobierno se sitúa incluso por encima de la que hasta ahora habían realizado organismos como el FMI. Sin embargo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se mostró este viernes segura de que el Tesoro puede afrontar esta coyuntura, muy distinta a la de la crisis de deuda. Y recordó que las últimas emisiones han tenido una «recepción extraordinaria» por parte de la demanda de los inversores.
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