El macabro aniversario del accidente de Pozo Emilio, a la espera de juicio

En esta semana se cumplió el macabro noveno aniversario. En los tiempos en que los altos precios de los combustibles llevan a pensar en retomar una actividad minera perdida, las familias de los fallecidos siguen esperando a que se celebre el juicio que depure las responsabilidades del accidente. Un juicio que llegará el 6 de febrero de 2023, diez años después de los hechos.

En abril de 2021 comenzaba el juicio y las familias buscaban un resquicio de alivio al ver en el banquillo a los presuntos culpables. Pero fue suspendido al señalar la defensa, en las cuestiones previas que contaban con seguros de responsabilidad civil que respondían por ellos, por lo que la jueza decidió anular el juicio pero no la instrucción del proceso.

En este tiempo la instrucción debe aclarar si existen tales pólizas que no se habían presentado en los siete años anteriores.

Entre los acusados se encuentran los 16 principales responsables de la entonces Hullera Vasco Leonesa. Entre ellos figuran el que fuera su presidente, Antonio del Valle; el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y el vocal Aurelio del Valle.

También están imputados el entonces director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación. En el juicio estaban convocados además 60 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.

Los 16 acusados se enfrentan a una petición de pena de tres años y medio de cárcel para cada uno por un delito de homicidio imprudente, mientras que a la empresa titular de explotación, la Hullera Vasco Leonesa (HVL), y a la aseguradora le piden indemnizaciones que superan los dos millones de euros.

El Ministerio Fiscal ha determinado que el accidente del pozo Emilio, en el que fallecieron seis mineros y ocho resultaron gravemente heridos el 28 de octubre de 2013, era «previsible y evitable». Concretamente y según las conclusiones definitivas a las que en su momento tuvo acceso leonoticias, el accidente tuvo su origen en las condiciones «muy peligrosas» en las que se desarrollaban las labores de explotación del tajo así como las inadecuadas medidas de seguridad.

A ello se suma, continúa el fiscal, la omisión total por parte de los responsables para vigilar la seguridad en el taller, variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accediesen a diario a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente.