La mina, a juicio

El Pozo Emilio del Valle, en el municipio de Pola de Gordón, fue el tristemente inolvidable escenario de uno de los episodios más lamentables de la centenaria trayectoria de la compañía que durante mucho tiempo hizo gala de sus medidas de prevención y seguridad en el tajo.

Cientos de metros por debajo de las instalaciones que hoy alojan ganado bovino de la zona, un derrabe de carbón provocó ese mediodía un gran aporte de grisú en la galería de la planta séptima, donde se encontraban las víctimas, y el contenido de oxígeno bajó casi de forma instantánea hasta el uno por ciento, lo que ocasionó la muerte inmediata por asfixia a cinco mineros leoneses y uno asturiano.

Dos días después, el funeral celebrado en Santa Lucia de Gordón para cinco de los seis fallecidos, concentró el dolor de toda la comarca y sirvió de altavoz para plantear preguntas que todavía no han obtenido una respuesta definitiva. Un compañero de los muertos pedía saber lo antes posible el porqué de la tragedia y una mujer, familiar de uno de ellos, reclamaba «que Dios perdone a los responsables de esto, porque creo que se podía haber evitado y espero que cada vez que cierren los ojos tengan esta imagen en la cabeza y acaben donde deberían estar».

El juzgado de Instrucción número 4 de León determinó en 2017 la existencia de seis presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave y otros de lesiones por imprudencia y argumentó que se trabajaba en la zona afectada sin las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los mineros, como fatalmente ocurrió.

Los imputados en este caso son 16, entre ellos, el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle; los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad. Para cada uno de ellos el fiscal solicita penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones por un importe global de unos dos millones mientras las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel. Los afectados reclaman la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible.

El juicio, que se prolongará hasta mediados del próximo mes, intentará dirimir si la mina, el fértil subsuelo que dio a la Hullera Vasco Leonesa 120 años de historia, vivió en otoño de 2013 su postrera gran tragedia y se cobró un cruel tributo sin avisar, a traición, o si lo hizo después de que se desoyesen las señales de alerta que dio antes de escribir una de sus páginas más tristes.