Investigados 16 agricultores por desobediencia en las protestas de Villadangos

La movilización esta vez fue «pacífica». Multitud de trabajadores del campo apoyaron su denuncia y Decaleón, que pidió la colaboración de todo el sector primario a través de las redes sociales, consiguió movilizar a muchas personas llegadas de todos los puntos de la provincia.

Su sorpresa llegó en forma de llamada. Dieciséis teléfonos sonaron para comunicar a los agricultores que estaban citados a declarar por un delito de desobediencia grave en la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Una decisión «injusta» y en la que «no han considerado que en todo momento se respetó la situación», explica Joaquín Tejedor, abogado que representa a los trabajadores.

Durante la mañana del lunes y del martes todos los afectados han ido acudiendo en las horas citadas para testificar, algo a lo que se han negado acogiéndose a su derecho a no declarar. Una investigación que se ha dado de forma «rápida» pero en la que han incluido además a trabajadores que, según explica la defensa, no se encontraban en el lugar de los hechos.

Helicópteros de la Guardia Civil supervisaron una manifestación que «siguió con todas reglas pautadas» por los los cuerpos de Seguridad del Estado. Tras horas de convocatoria y el cierre de la N-120 durante el tiempo pactado para evitar conflictos, los trabajadores abandonaron el lugar, pero la llamada ha generado gran revuelo entre los afectados.

Las fotos, captadas desde el propio helicóptero según indica el letrado, identificaron las matrículas de los vehículos que se encontraban en el lugar y seleccionaron «sin saber de qué forma» a los trabajadores con propuesta de sanción.

«La manifestación fue pacífica y legal», explica Tejedor. Una situación de «disconformidad total» con la que todos los agricultores se han sentido «desplazados» y «poco apoyados».

A pesar de la gran decepción que supone para ellos el haber sido propuestos a ser sancionados, los trabajadores del campo han destacado una actitud «impecable» por parte de la Guardia Civil en sus declaraciones. «Desde el primer momento nos han tratado muy bien y eso es de agradecer», indica. «Las órdenes vienen de Madrid y ellos no pueden hacer nada», explica el letrado. Una investigación «incipiente» en la que constan imágenes incluso de vehículos que han acudido sin estar presentes sus titulares. «Hay clientes que no estaban en el lugar», remarca.

El delito de desobediencia grave por el que se ha imputado a la mayoría de los trabajadores está ahora «en manos» de la decisión del juzgado. Una situación «excesiva» que «no ha sido justa» para los trabajadores del campo, ya que, según explica la defensa «es gente que únicamente estaba defendiendo sus derechos».