Paralizado el proyecto de las balsas del Órbigo a la espera de una solución «más óptima»

Las balsas del Órbigo no se ejecutarán finalmente, o al menos no lo harán con el proyecto que hasta el momento estaba encima de la mesa. Así lo ha confirmado este jueves 6 de febrero el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación tras conocerse la pasada semana que la declaración de impacto ambiental del proyecto había caducado y, para su puesta en marcha, habría que empezar de cero con los trámites.

Los embalses de La Rial y los Morales en Carrizo de la Ribera no verán la luz según el proyecto actual tras años de promesas porque «no era la opción más óptima sobre todo por la parte social», explicaba el subdelegado, al tiempo que apuntaba que tampoco «estaba claro» si el proyecto «iba a ser viable puesto que había que invertir en una serie de costes asociados al suministro eléctrico».

El Sindicato Central de Barrios de Luna, que el pasado mes de mayo ya planteó movilizaciones por la falta de compromiso con este proyecto, a finales del mes de enero se reunió con los regantes para alertar sobre esta no ejecución de las balsas que «podría provocar pérdidas millonarias para toda la zona regable dependiente del embalse de Barrios de Luna».

En un comunicado que remitían a los medios, los regantes decían sentirse «engañados por enésima vez» y denunciaban la «falta de acción y valentía por parte del Gobierno». Apuntaban así directamente a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Ministerio del área, a los que acusan de ser «responsables de la situación actual al ampliar la zona regable de forma unilateral y por imposición» al incorporar 6.000 nuevas hectáreas.

Alaiz asegura que el Gobierno ya trabaja en estudiar «la solución más ambiciosa y beneficiosa para todos desde el punto de vista social, sostenible y técnico» y que «no afecte de forma negativa a la parte social, especialmente en la zona de Carrizo de la Ribera, ni al cultivo del lúpulo», mientras los regantes piden al ejecutivo nacional que la solución pase por un proyecto «técnico y económicamente viable para los usuarios afectados».

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