El sospechoso de la muerte de Marta Calvo fue detenido por narcotráfico en Llerena

La Operación Acrópolis concluyó con 15 detenidos y tras siete años de instrucción la Fiscalía de Zafra formuló un escrito de acusación que incluía el nombre del ahora investigado. En esa calificación se indicaba que el supuesto cabecilla de la red contaba con el apoyo de varios colaboradores en Llerena (5.758 habitantes), entre ellos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.

El Ministerio Público afirmó que los investigados se pusieron de acuerdo entre octubre de 2013 y marzo de 2014 para adquirir droga en Madrid o Málaga para trasladarla a Llerena, donde era cortada y preparada para su venta en un establecimiento de esta localidad o en Villafranca de los Barros, Estepona, Málaga y Murcia.

En aquella investigación fue localizado un coche que el día 24 de marzo de 2004 circulaba a la 1.30 de la madrugada por la N-432, en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz). Era conducido por un ciudadano colombiano afincado en Llerena y servía de vehículo lanzadera a otro automóvil en el que eran transportados 73 kilos de hachís y 987 gramos de cocaína.

En las horas siguientes fueron realizados varios registros y aparecieron distintas cantidades de droga y un libro con números de teléfono que figuraban en un móvil intervenido en otro vehículo que también transportaba droga. Ese teléfono fue localizado el 31 de diciembre de 2003 en Pedroso (Sevilla). Allí los agentes interceptaron un coche con dos kilos de cocaína y 21 kilos de hachís.

Aunque el nombre de Jorge Ignacio P. J. aparece en la acusación, no se concreta cuál fue su participación.

La instrucción del caso duró siete años y el juicio se celebró el 12 de diciembre de 2012 en la Audiencia Provincial de Badajoz. Pero Jorge Ignacio P. J. no había podido ser localizado y fue declarado en rebeldía.

En la vista todos los procesados negaron traficar con drogas y aseguraron que su actividad era la compraventa de productos extremeños y la gestión de locales de hostelería. Solo uno confesó que estaba ahogado económicamente, por lo que aceptó servir de 'transporte' para recoger droga en Algeciras y llevarla a Llerena. Esa afirmación le costó tres años de prisión y la misma pena se impuso a otro de los acusados.

El resto quedaron absueltos porque las escuchas que los incriminaban fueron anuladas. Pedro Apalategui, abogado de uno de los acusados, defendió que el juzgado no debió autorizar las grabaciones porque se justificaron usando la información facilitada por un colaborador de la Guardia Civil del que se desconocía su identidad. En opinión de este letrado, conocido mediáticamente por ser quien defendió a José Bretón, esa información solo podía usarse si era corroborada policialmente.

En abril de 2008 Jorge Ignacio P. J. fue detenido de nuevo en la provincia de Brescia (Italia) junto a su abuelo materno y un narcotraficante rumano cuando transportaban nueve kilos de cocaína en un vehículo con matrícula española. Cumplió condena y después regresó a España.

Ahora, Jorge Ignacio P. J. está siendo investigado por la muerte de la joven valenciana Marta Calvo y también por la muerte de una prostituta en el barrio valenciano de Ruzafa, donde murió una chica con la que estaba manteniendo relaciones sexuales. La prostituta sufrió una crisis por consumo de estupefacientes y acabó convulsionando.

La Guardia Civil está indagando si hay más muertes similares a las de Marta Calvo y la prostituta de Valencia en Badajoz y Mallorca, dos provincias por las que se ha movido el sospecho.