Las comunidades enfrentan la quinta ola sin apenas arsenal normativo

Y no hay nada más. Si el Ejecutivo central no declara un nuevo estado de alarma, algo que descartan de manera tajante en Moncloa (al menos por ahora), los gobiernos autonómicos no pueden imponer otras medidas para tratar de atajar el principal problema de estas dos últimas semanas: el crecimiento exponencial de los contagios entre los más jóvenes. Armas como el toque de queda aunque fuera solo en las localidades más afectadas o la limitación de las reuniones sociales están vetadas desde principio de junio por el Tribunal Supremo, que dictaminó que sin una legislación de excepción no cabe una restricción de derechos fundamentales de este calibre.

El Supremo sí que ha dado luz verde a los confinamientos perimetrales reducidos, siempre que estén muy motivados y sean por tiempo muy limitado. Esta herramienta por el momento solo Extremadura ha decidido usarla para aislar las localidades de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo.

El resto de las comunidades, con problemas de incidencia no localizados en pequeños núcleos confiables, están apuntando exclusivamente a la hostelería como hoy mismo ha hecho Cataluña, que ha decretado el cierre del ocio nocturno en espacios cerrados desde el viernes y durante dos semanas.

Navarra, con los Sanfermines suspendidos por segundo año consecutivo, ya ha adelantado entre el 7 y el 20 de julio el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada. El Govern Balear, probablemente uno de los más favorables a las restricciones durante toda la pandemia, se ha tenido que limitar a fijar aforos máximos en locales de ocio y restauración en algunas zonas: 100 personas en el interior y 200 en el exterior. Además ha fijado la ocupación máxima de las mesas de 6 personas en el interior y 10 en el exterior.

Cantabria, con incidencias que superan ampliamente el millar de casos entre 100.000 habitantes entre los grupos de jóvenes, solo ha podido actuar contra el ocio nocturno, cerrando desde el pasado viernes los establecimientos en 16 localidades, entre ellas Santander y Torrelavega durante 14 días, pero sin poder impedir las reuniones sociales de jóvenes y adolescentes en domicilios privados o en espacios públicos siempre que no se consuma alcohol.

En Valencia, Ximo Puig, ha prometido «contundencia, como siempre» si se desbocan los datos, pero no ha especificado qué medidas podría implementar más allá de las limitaciones de aforo y horarios a la hostelería o los cierres quirúrgicos de barrios o municipios, siempre sometidos al aval de los tribunales.

En términos muy similares se ha manifestado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha dicho que ahora mismo «está encima de la mesa cualquier posibilidad» en el caso de que los contagios «se descontrolen», aunque sus propios técnicos son los que desde mayo vienen advirtiendo de que sin estado de alarma hay muy poco margen de actuación.

Euskadi, Andalucía o Castilla y Léon están también en el grupo de autonomías que han anunciado que estudian medidas para tratar de atajar los repuntes, pero las recetas que están poniendo encima de la mesa sus especialistas son casi idénticas a las ya implementadas por otras comunidades. Hoy Castilla y Léon elevó una propuesta al comité de crisis para cerrar el ocio nocturno hasta las 2, al tiempo que anunció que pedirá al Gobierno central un nuevo estado de alarma para imponer el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada.

Con esta limitación del arsenal normativo, las autonomías echan el resto en la vacunación. Por un lado, tratando de rellenar todos los huecos de las agendas para llegar cuanto antes a inocular a los grupos más jóvenes. Hoy mismo Madrid y Euskadi anunciaron la inminente citación hasta los 16 años, una táctica que otras autonomías ya han activado o esperan poder comenzar en breve.

Por otro lado, recortando los plazos para la inoculación de las segunda dosis de AstraZeneca a los sexagenarios, que se han convertido en el grupo más vulnerable por la espera de las 12 semanas entre los dos pinchazos de esta fórmula. Nueve comunidades -Madrid, Cataluña, Navarra, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía- ya han optado por adelantar el segundo pinchazo.