Colapsado el sistema que el Ministerio de Justicia había habilitado para notificar los enterramientos

El pasado sábado, Justicia envió una instrucción a todos los registros civiles informatizados de España, unos 8.100, en la que les pedía que enviaran al ministerio todos los días «una relación en la que conste el número de defunciones a las que ha tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido y el lugar de la defunción, especificando la localidad, y también si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual».

Con esta medida, el ministerio pretendía encontrar explicaciones al desfase existente entre el número de fallecimientos que las comunidades autónomas notifican al Ministerio de Sanidad y la cifra de enterramientos que se están produciendo. «Es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados», decía en su escrito el departamento de Juan Carlos Campo.

Pero tampoco en los propios registros la situación es fácil, ya que la mayoría de sus empleados está teletrabajando. «El personal de los registros está desbordado», denuncia el sindicato CSIF, que constata que la mayoría de las muertes que tienen relación con el coronavirus se están certificando por «causas respiratorias», no directamente por Covid-19.

Por su parte, PP y Vox acusaron este miércoles al Gobierno de ocultar el número real de muertes por la pandemia, al tiempo que le reclamaron un cambio de criterio.