La Fiscalía recurre para pedir delito de violación y que la pena se duplique

El Ministerio Público, que presentará el recurso de apelación en los próximos días, se ratifica en que el ataque del 7 de julio de 2016 a una joven madrileña de 18 años que se había desplazado a Pamplona a disfrutar de los Sanfermines debe ser considerado una agresión sexual continuada -no un abuso- y da a entender que mantendrá la calificación que hizo durante el juicio, que supone que se les duplique la pena de 9 años de cárcel que les impuso la Audiencia hasta los 18.

La intervención que realizó la fiscal del caso, Elena Sarasate, en las conclusiones finales del juicio y las declaraciones realizadas este viernes por la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín Nájera, apuntan a que el recurso del Ministerio Público defenderá que los hechos declarados probados por la sentencia de la Audiencia Provincial, los que sirvieron al tribunal de la Sección Segunda para considerar a los miembros de La Manada autores de abuso sexual por prevalimiento, son suficientes para demostrar que estos cinco hombres intimidaron a la víctima hasta anular totalmente su voluntad, por lo que lo que hicieron no fue abusar de ella sino violarla.

Sarasate ya alegó en sala que hubo intimidación -requisito indispensable para pasar de abuso sexual a agresión- porque los cinco acusados actuaron «de forma conjunta y coordinada» para llevar a la víctima a una situación de «sometimiento» que la dejó «sin posibilidad de reacción». «Con cinco varones y en un lugar como el que se encontraba -un rellano angosto, mínimo y sin salida- no tenía otra opción racional que someterse», resumió. Este argumento, la intimidación implícita y ambiental, es el mismo que este viernes defendió Martín Nájera, que aseguró que «hubo intimidación» por «superioridad física» de los agresores.

Es una línea muy similar a la que defenderá el Gobierno de Navarra, acusación popular en el proceso, que también recurrirá la sentencia en los próximos días y que exigirá la condena por agresión sexual. Su portavoz, María Solana, recordó que contemplan como probado el «abatimiento, agobio, confusión o sumisión» de la víctima, la «superioridad» de los agresores que les permitió actuar «sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida», y que los atacantes la trataron «como mero objeto para satisfacer sobre ella» sus apetencias sexuales.

La presidenta de la Audiencia de Navarra, la superior de los miembros del tribunal sentenciador, pidió calma a la sociedad porque «la sentencia no es firme» y dio por hecho que la cadena de recursos llegará hasta el Tribunal Supremo, que, como máximo intérprete español de la ley, aclarará el concepto de intimidación en la agresión sexual y decidirá si es aplicable a este caso.

Quien también tiene claro que recurrirá ante el tribunal superior de Navarra, pero en su caso para pedir la libre absolución de La Manada, es Agustín Martínez, el defensor de cuatro de los cinco condenados, que este viernes dijo estar «escandalizado» por las protestas populares y las declaraciones críticas de los políticos e insistió en que sus clientes no hicieron más que mantener unas relaciones sexuales libremente consentidas con la joven.

La víctima de La Manada, que está «muy decepcionada» con la sentencia, aún no ha decidido si la va a recurrir o no. Su abogado, Carlos Bacaicoa, indicó que él y sus socios tratan de convencerla para que lo haga, pero que está desanimada y cansada del calvario judicial que siguió al ataque. Tiene un plazo máximo de diez días para anunciar al tribunal la presentación del recurso de apelación desde la notificación, este viernes, de la sentencia.