El Gobierno se abre a reformar el Código Penal tras el rechazo a la sentencia de La Manada

El tribunal sentenciador admitió que los condenados condujeron a la víctima a una encerrona que anuló su capacidad de reacción, tras lo que hicieron con ella lo que quisieron y contra su voluntad, pero concluyó, sin embargo, que son autores de un abuso y no de una violación porque no la golpearon ni la amenazaron con «un mal grave». Así lo exige la actual legislación, aseguran.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió este viernes a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, un órgano de asesoramiento compuesto por responsables del departamento y por juristas de reconocido prestigio, que «valore» si la tipificación de los delitos sexuales, especialmente los abusos y las agresiones, «está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es precisa una actualización de la misma».

El objetivo de la iniciativa, según explicó el portavoz el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros, es abrir «una reflexión» sobre una regulación del Código Penal que data de 1995, para comprobar si, tras 23 años, hay que hacer cambios que trasladen a la tipificación la visión que hoy en día tienen los españoles y sus instituciones de la lucha contra la violencia machista, que es de alta concienciación y «tolerancia cero».

El Gobierno, no obstante, no se compromete por ahora a nada más que eso. A estudiarlo. Méndez de Vigo intentó que nadie eche todavía las campanas al vuelo cuando matizó que, si el informe técnico apunta a la necesidad de cambios en el Código Penal, cualquier modificación tendría que hacerse «reposadamente» y con el consenso de los principales grupos parlamentarios, pues requiere de la mayoría absoluta de una ley orgánica.

Las palabras de Íñigo Méndez de Vigo, barnizadas de tono institucional -aseguró que el Gobierno no comenta las sentencias judiciales, que «acata y respeta»-, no ocultaron su malestar con el fallo de la Audiencia de Navarra. Se apresuró a dejar claro que no se trata de una sentencia firme y que la Fiscalía ya la ha recurrido para tratar de alcanzar una condena por violación.

El anuncio llegó después de que el Ejecutivo comprobase el jueves por la noche la magnitud de la indignación ciudadana. El propio Catalá tuvo que salir de un acto en Córdoba protegido por un cordón policial entre los gritos del más de un centenar de manifestantes que esperaban a la puerta. La titular de Defensa, Dolores de Cospedal, fue más clara antes del Consejo de Ministros, cuando dijo que los 9 años de condena a La Manada le parecían «pocos» y que quizás habría que cambiar la tipificación legal sobre lo que es o no violación.

La disposición a revisar y reformar los delitos contra la libertad sexual a la vista del escándalo de la sentencia fue anunciada también este viernes por los principales partidos políticos y por responsables de ayuntamientos y gobiernos autonómicos. PSOE, Ciudadanos y Podemos anunciaron iniciativas en tal sentido, aunque los dos primeros, como el Gobierno, matizaron que cualquier reforma debería hacerse con calma -«no en caliente»- y siempre con un alto consenso del Parlamento. La comisión del Congreso para el control del cumplimiento del pacto de Estado contra la violencia machista se reunirá por primera vez el jueves, espoleada por la indignación con el fallo.

Ninguna formación fue especialmente concreta en sus intenciones. Los socialistas pusieron el acento en cambiar lo que sea preciso para que «quede muy claro cuáles son los supuestos de violación» y Podemos puso el acento en modificaciones que eviten la «doble victimización», las dificultades que tiene muchas veces la violada para demostrar al juez que no hubo consentimiento.

El más concreto, sin duda, fue UPN. Adelantó que tiene previsto registrar la próxima semana en el Congreso una modificación del Código Penal 'anti La Manada'. Una reforma que establezca que cualquier ataque grupal a una mujer -dos o más hombres- será considerado automáticamente una intimidación a la víctima y, por lo tanto, deberá ser calificado como agresión sexual y no como abuso, exista o no amenaza explícita y grave.