Cinco comunidades se descuelgan del acuerdo ministerial para acabar el curso

Los consejeros populares de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León han puesto objeciones a varios puntos del borrador de orden ministerial que recoge la propuesta del departamento de Isabel Celaá con los criterios para la evaluación del tercer trimestre y la finalización del curso. La orden será aprobada en los próximos días por el Gobierno, para que pueda ser aplicada por las autonomías que sí que han ratificado este jueves su adhesión al documento y que, por lo tanto, quedarán obligadas a su cumplimiento. La quinta autonomía que no firmará el acuerdo, según comunicó un portavoz del ministerio, es Euskadi, pero en su caso lo hace porque considera que el plan concreto para la terminación de este curso en su territorio es de su estricta competencia y, por lo tanto, será su departamento de Educación quien lo elabore.

Las diecisiete autonomías reunidas el miércoles con Celaá en la Conferencia Sectorial de Educación están, según las mismas fuentes gubernamentales, de acuerdo con las directrices básicas de actuación ante este inédito momento propuestas por el ministerio: mantenimiento del calendario escolar (finalización del curso en junio); que la promoción de curso y la titulación (en cuarto de ESO y en segundo de Bachillerato y de FP) debe ser algo que todos los alumnos logren de forma general y que la repetición sea la excepción; que las materias que es imposible dar este año se recuperen en el curso próximo; o que la evaluación de cada asignatura y del curso debe ser continua y global, con especial peso de las calificaciones de los dos primeros trimestres presenciales, y en la que el tercero (telemático) solo debería servir para mejorar nota o para recuperar evaluaciones previas.

Sin embargo, las cuatro comunidades del PP que no se han adherido al acuerdo general consideran que el ministerio tiene que cambiar su propuesta, sobre todo en dos puntos. Creen que debe fijar un límite concreto para las asignaturas suspensas con las que un alumno puede pasar de curso o titularse si así lo decide de forma colegiada el equipo docente de su centro después de valorar todo su aprovechamiento general del año, en el caso de la promoción, o si ha superado los objetivos generales de la etapa educativa, en el de las titulaciones. La propuesta ministerial no fija número de asignaturas alguno, pues considera que la decisión debe ser del profesorado de cada centro en su evaluación personalizada, mientras las cuatro autonomías discrepantes señalan que si no hay un límite nacional se puede romper la equidad y la igualdad de trato según los centros y las autonomías en que estudien los diferentes alumnos.

El ministerio aclara que los acuerdos de la Conferencia Sectorial solo vinculan a las consejerías que se adhieren a ellos de forma expresa, que es lo que ocurrirá con la futura orden ministerial de directrices para el final de curso en España. El resto de autonomías, las cinco citadas, tienen la posibilidad de adherirse al acuerdo más adelante, «si así lo consideran», según indicó el portavoz gubernamental, o, en caso contrario, regularán sus evaluaciones, promociones y titulaciones por lo ya dispuesto en la legislación educativa vigente y por las normativas autonómicas.