El Tribunal de Cuentas embargará a Mas sus bienes si no deposita 5,2 millones del 9-N

En un comunicado junto a la exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs y el resto de investigados, Mas ha tachado de "aberración" una decisión que no tiene "ningún tipo de fundamento jurídico". Recuerdan que se les atribuye falta de irregularidad contable por malversación de fondos públicos a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo (TS) desestimaron este delito en los juicios del 9N contra Mas, Ortega, Rigau y Homs y denuncian que se trata de un intento de "intimidar, en el marco de la campaña del miedo que comanda el Estado español". Para ellos, es una "operación de abuso del Estado y de desviación de poder", y confían en el apoyo de los más de dos millones de votantes del 9N. "Juntos sabremos plantar cara a las malas artes y a una de las peores caras del Estado español", han añadido.

El organismo fiscalizador de las cuentas de la Administración Pública responsabiliza directamente a Mas por todos los gastos de aquella consulta como presidente de la Generalitat. En concreto, por las partidas dispuestas por nueve subordinados, entre ellos los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, condenados también por los tribunales por un delito de desobediencia.

Los diez expedientados tendrán ahora 15 días para depositar de forma solidaria las cantidades que se les reclama. En caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes para garantizar el pago en caso de una condena. De las nueve partidas desgajadas del total de 5,25 millones, el Tribunal de Cuentas exige una fianza de forma solidaria a dos o más investigados. Y Artur Más, como máximo responsable entonces de las cuentas públicas catalanas, aparece en todas las partidas bajo sospecha.

Así, a Mas se le atribuyen 5,25 millones a pagar de forma solidaria con el resto de expedientados; a Irene Rigau, responsable de la adquisición de los ordenadores y de los servicios informáticos para la consulta ilegal, 3,04 millones; a Francesc Homs, 2,1 millones correspondientes a cuatro gastos distintos; y a Joana Ortega, cinco partidas equivalentes a 839.439 euros. El resto de investigados afianzarán cantidades menores.

La denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público. También la sentencia del Tribunal Supremo contra Homs dejaba esta puerta abierta.

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5,1 millones de euros en las siguientes partidas: construcción de una página web institucional, material para la votación, adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación, póliza aseguradora para voluntarios, apoyo informático a la consulta y envío de información.