Sánchez ofrece retirar su reforma del Consejo del Poder Judicial si Casado se sienta a negociar «ya»

Pedro Sánchez aceptó por primera vez la posibilidad de retirar la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para rebajar de tres quintos a la mitad más uno la mayoría de diputados y senadores para elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo. Lo haría siempre que Pablo Casado acepte sentarse a negociar «ya» la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace 22 meses. El Gobierno, explicó tras participar en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo, está dispuesto a hablar desde «hoy mismo». Si el PP, añadió, regresa a «la senda de la responsabilidad de Estado y al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales» el acuerdo será «sencillo».

El presidente del Gobierno intentó incluso desarmar los recelos del PP sobre la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones y subrayó que es el ministro de Justicia, el magistrado y socialista Juan Carlos Campo, quien «lidera» las conversaciones por la parte gubernamental. Se mostró, además, dispuesto a hacer «todas las concesiones razonables» que sean necesarias para alcanzar ese pacto. Y para desbrozar todavía más el camino, ofreció que las negociaciones partan de «las premisas» convenidas este verano, cuando el acuerdo estaba prácticamemte cerrado.

El PP reaccionó con un titular explosivo: «Una cortina de humo». Pero a continuación puso tres condiciones, en apariencia asumibles, para volver a la mesa. La retirada de la reforma de la ley del Poder Judicial que rebaja la mayoría para elegir los vocales; «que Podemos no tenga nada que ver» en la negociaciones; y que el Gobierno acepte una iniciativa legislativa para «la despolitización» del proceso.

El mero hecho del cruce de condiciones ya es un avance después de una semana de diálogo de sordos con declaraciones a cuál más altisonante. Pero también conduce al dilema del huevo y la gallina. Sánchez ofrece retirar su reforma si el PP negocia. Casado acepta hablar si el PSOE archiva su propuesta. ¿Quién dará el primer paso? Si es que alguno lo da.

El Gobierno y el PP han tenido casi cerrado el acuerdo para la renovación del Consejo del Poder Judicial en dos ocasiones, y en ambas los populares se han echado atrás en el último minuto. La primera en noviembre de 2018, pero el mensaje en un chat del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el sentido de que con el pacto «controlarían por la puerta de atrás» la Sala Segunda del Supremo, en la que se dirimen la causas penales, tiró todo por la borda. La segunda este verano, cuando el ministro de Justicia y el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López, sellaron un acuerdo «al 99%» que Casado, tras una serie de filtraciones, desautorizó. «A ver si a la tercera va la vencida», dijo un optimista Sánchez.

Aunque el presidente del Gobierno insistió en que el toque de atención del portavoz de Justicia de la Comisión Europea no ha tenido nada que ver con este cambio de escenario, algo parece que ha cambiado. Sánchez mostró su «respeto absoluto» por la preocupación comunitaria, pero evitó hacer más comentarios. Solo señaló que durante el Consejo Europeo ningún jefe de Estado de los 27 se ha interesado ni le ha preguntado por la polémica sobre el Poder Judicial.

El portavoz Christian Wigand señaló que la Comisión seguía «muy de cerca» el debate en España y avisó que las reformas de los sistemas judiciales «los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que no se pone en peligro la independencia judicial». «Eso no es un tirón de orejas», terció desde Madrid la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.

No lo ve así el PP, que sostiene que en Bruselas hay «conmoción» por este asunto. Sobre todo, «después de la acción desplegada» por Casado en la capital comunitaria. El líder del PP se reunió en Bruselas con los jefes populares europeos ante los que denunció los planes de Sánchez y expuso su compromiso de recurrir a todas las instancias judiciales e institucionales de Europa para abortar la reforma.