Sánchez defiende la legitimidad de Torra en plena polémica sobre su inhabilitación

No es a estas alturas una decisión sorprendente porque el PSOE ya puso en cuarentena, por boca de su vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, la capacidad de la Junta Electoral para tomar una decisión de tanto calado como la de privar del acta de diputado a un gobernante autonómico. Lo hizo cuando la investidura de su jefe de filas pendía aún del imprescindible apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, a la que los socialistas habían prometido, entre otras cosas, «desjudicializar» el «conflicto político» catalán. Sin embargo, la firmeza de las palabras empleadas con Sánchez sí choca con el discurso que mantuvo en la campaña electoral.

El líder de los socialistas rechazó durante dos meses coger el teléfono a Torra y se negó a reconocerle legitimidad como interlocutor por su actitud ante los episodios de violencia callejera que siguieron a la sentencia del 'procés', el 14 de octubre, en las calles de Cataluña. Entonces, Sánchez aducía que antes de hacer llamadas «interurbanas» a Madrid, el 'president' tenía que levantar el aparato para entablar un diálogo con los miembros de la oposición en el Parlament y condenar los actos de vandalismo. Este martes, en cambio, adujo que lo «anormal» sería que el presidente del Gobierno no se sentará con quien lleva las riendas de una importante comunidad autónoma y justificó que esa situación por la que no hace tanto consideraba indigno al sucesor de Carles Puigdemont, «está ya superada».

El presidente del Gobierno, que reiteró que una de las prioridades de su nuevo mandato será el diálogo territorial, fue por lo demás esquivo a la hora de responder preguntas sobre el tipo de consulta que estaría dispuesto a aceptar por parte de la Generalitat al final de la negociación que, en principio, desea entablar «cuanto antes» o sobre lo que quiere decir exactamente cuando habla de dejar atrás la «deriva judicial» para encauzar el «conflicto político» de Cataluña. Aunque sí replicó a las críticas de la oposición. «Nosotros somos un partido constitucional, así que lecciones por parte de otros partidos, las justas; todo lo haremos al amparo de la Constitución», insistió.

Sánchez argumentó además que si finalmente hay una consulta (que podría ser la preceptiva en las reformas estatutarias) será una buena noticia. «Significará –dijo–que la crisis política en Cataluña está resuelta». Con todo, el propio presidente del Gobierno advirtió en el debate de investidura de que no conviene generar demasiadas expectativas y admitió que desescalar tensiones será complicado porque este problema lleva años enraizando. Por lo pronto, tampoco se atrevió a asegurar que, tal y como se pactó con la formación de Oriol Junqueras, la mesa entre Gobiernos pueda estar constituida en quince días, antes de que acabe el mes de enero.

Sánchez aseguró durante su intervención que el suyo será «un Gobierno de acción, que se ponga manos a la obra y que no pierda el tiempo», pero también alegó que antes que nada hay que dar algo de tiempo a los ministros para que tomen las riendas de sus departamentos. Eso vale para la relación con Cataluña pero también para otros asuntos. El primer Consejo de Ministros, de hecho, se limitó a aprobar la subida de las pensiones en un 0,9% pero no abordó, en cambio, la otra iniciativa que se consideraba inminente, el aumento del sueldo de los funcionarios, queda para los próximos días, quizá para el Consejo que se reunirá este próximo viernes.

Como novedad, el jefe del Ejecutivo aseguró que su intención es que «cada cien días» todos los miembros de su equipo rindan cuentas con comparecencias en la Moncloa sobre los «avances» que hayan sido capaces de lograr en las cinco áreas que considera prioritarias para el país –el crecimiento «robusto» de la economía; la superación de las tensiones territoriales; la reducción de las desigualdades sociales; la respuesta a la emergencia climática, y la plena igualdad entre hombres y mujeres– pero de manera expresa rehusó pillarse los dedos comprometiendo iniciativas o plazos concretos. «Tenemos 1.400 días por delante –dijo en señal de que, pese la fragilidad de su Gobierno de coalición pretende agotar la legislatura– y los vamos a vivir con mucha intensidad, pero paso a paso».