El Parlament, con el aval del PSC, mantiene el acta de diputado de Torra

La Junta Electoral Provincial de Barcelona, a instancias de la decisión del Supremo y de la Junta Electoral Central, notificó al Parlament el viernes pasado el acuerdo para retirar la credencial de diputado a Quim Torra y la designación, por ser el siguiente de la lista de JxCat, de parlamentario autonómico a Ferran Mascarell. Si bien fuentes parlamentarias han señalado que la notificación formal no ha llegado al Parlament. La Mesa ha aprobado además presentar un recurso ante el Supremo contra la decisión de la Junta Electoral de acordar la inhabilitación de Torra. En este caso, el PSC también se ha mostrado favorable. Fuentes socialistas han justificado su posición favorable al recurso y a que de momento Torra mantenga su acta en que es necesario ser «prudentes» a la espera de que el Supremo resuelva los recursos.

Quim Torra podrá así seguir como diputado autonómico y como presidente de la Generalitat, a pesar de la inhabilitación ordenada por la Junta Electoral Central. Era la conclusión del informe de los letrados de la Cámara catalana.

«La declaración de incompatibilidad de un diputado del Parlament de Cataluña no es competencia de la administración electoral, según lo dispuesto tanto por el Reglamento del Parlamento de Cataluña como por la LOREG», según el informe de los juristas del Parlament. A su juicio, el acuerdo de la Junta Electoral Central del 3 de enero «incurre en vicio de nulidad de pleno derecho». En consecuencia, concluyen que no es posible una declaración de «inelegibilidad sobrevenida» ni tampoco es posible atribuirle a la Junta Electoral competencias para declarar situaciones de incompatibilidad.

Los juristas de la Cámara fijan su criterio, que ha cambiado respecto al que mantuvieron en un primer momento, que el Estatuto de autonomía y la Ley de la presidencia de la Generalitat establecen como causa de cese en el cargo de presidente de la Generalitat la «condena penal firme que comporte la inhabilitación» para el ejercicio de cargos públicos. Asimismo, apuntan que el Reglamento del Parlament incluye entre las causas de pérdida de la condición de diputado, la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme. «Se trata de una configuración legal respetuosa con el derecho fundamental de participación política, en tanto que de otro modo se podría ocasionar un daño irreparable a los diputados y a sus representados», asegura el informe de los letrados.

«Al margen de que esté pendiente el recurso de casación contra la sentencia penal dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Quim Torra, hay que tener presente que, hasta el momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado de manera definitiva sobre la acuerdo de la JEC del 3 de enero de 2010, ni sobre las medidas cautelares de suspensión solicitadas por el presidente de la Generalitat», según los letrados. La solicitud de medidas cautelares se encuentra actualmente en «curso», añaden, y esto se debe tener en consideración a efectos de preservar en todo momento el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.