Sánchez anuncia que busca ya fórmulas con el Rey para «adecuar» la Monarquía al siglo XXI

En la Moncloa se estudian desde hace semanas las posibles respuestas jurídicas al daño reputacional infligido por las informaciones sobre blanqueo de dinero que salpican al antiguo Rey desde que hace año y medio trascendieron unas grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein y, especialmente, desde que tanto la Fiscalía suiza como Anticorrupción en España decidieran abrir este año investigaciones sobre sus negocios. Pero el Gobierno considera que ha de quedar claro que la decisión final depende del propio Felipe VI.

Sánchez, que compareció este martes para hacer un balance del primer año de Gobierno de coalición, se limitó a apuntar que el jefe del Estado contará con su «aplauso» y con su «apoyo».

El margen de maniobra del Rey es limitado porque llueve sobre mojado y ya ha gastado muchas balas. Al inicio de su reinado, cuando de lo que se trataba era de blindar la institución del escándalo del 'caso Nóos' y alejarla de las sospechas provocadas por años de opacidad, ya prohibió a los miembros de la Familia Real los negocios privados, creó un reglamento que estableció qué tipo de regalos podrían aceptar, sometió las cuentas de la Casa del Rey a una auditoria externa de la Intervención General del Estado y, finalmente, retiró a la infanta Cristina el título de duquesa de Palma.

La posibilidad de que pudiera hacer algo similar y negar el título y los honores de Rey a don Juan Carlos -al que ya privó de la asignación de 200.000 euros anuales en marzo de este año- fue categóricamente desmentida tanto por la Zarzuela como por la Moncloa el pasado 11 de diciembre.

Sobre la mesa está la renuncia a la inviolabilidad del jefe del Estado, pero es discutible que pueda abordarse sin una reforma constitucional que, además, sería de tipo agravado, es decir, exigiría disolución de las Cortes y elecciones y podría abrir la caja de Pandora.

Sánchez no negó este martes, por otro lado, como tampoco lo hizo Calvo el lunes, la posibilidad de redactar una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corona, un asunto muy discutido en la democracia, pero en principio los socialistas, al contrario que Unidas Podemos, no son partidarios tampoco de dar ese paso. De hacerlo estarían obligados a hacer frente común con el PP en contra de sus socios tanto en el Gobierno como en la Cámara baja. Hace pocos días el secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, adujo, de hecho, que la Corona «ya está perfectamente regulada» y que hay que «dejarla al margen de la controversia política».

El Ejecutivo también se adentró este martes en el delicado terreno de los eventuales indultos a los líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo, y, como en los últimos días otros miembros del Gobierno, lanzó una señal a favor de su concesión a pesar del informe en contra de la Fiscalía y es probable que el Supremo siga ese mismo camino. El presidente argumentó que en lo que concierne al problema catalán «nadie está libre de culpa» y que hay que «superar episodios aciagos que nos sonrojan -dijo- al conjunto del país». «Todos hemos cometido errores», llegó a afirmar en una aparente equiparación de las actuaciones de los independentistas y del Gobierno de España.

A pesar de matizar que será en una reunión del Consejo de Ministros, y con los informes preceptivos sobre la mesa, donde se tome la decisión, dejó clara su predisposición. «Este es un Gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones y apuesta claramente por el reencuentro y la reconciliación», adelantó.