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El Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (d) y el Primer ministro de Portugal, Antonio Costa, durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy viernes tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. EFE / Horst Wagner.
Sánchez se aferra al «éxito» europeo para intentar remontar su momento más crítico

Sánchez se aferra al «éxito» europeo para intentar remontar su momento más crítico

Moncloa cree que el paro de los transportistas ha sido «neutralizado» y confía en que los grupos parlamentarios avalen ahora su plan anticrisis

Sábado, 26 de marzo 2022, 20:15

No lo vieron venir. En el Gobierno sospechaban que, a la larga, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y, fundamentalmente, el agravamiento de la inflación, podían generar un clima de enorme descontento social, pero nunca pensaron que el deterioro pudiera sentirse con ... tanta celeridad. El 2 de marzo, el mismo día en el que anunció que España enviaría finalmente armas a los combatientes ucranianos, pese a la oposición de sus socios de coalición, Pedro Sánchez pidió apoyo para ahormar un plan nacional contra la crisis, convencido de poder parar el golpe. No ha llegado a tiempo.

El Ejecutivo ha vivido esta semana uno de los momentos más críticos de su mandato y está por ver si lo que en Moncloa celebran como un «enorme éxito» –la autorización europea para que España y Portugal puedan desacoplar temporalmente el precio del gas del de la electricidad para bajar los precios– basta para encauzar una situación que los propios socios de la investidura consideran un punto de inflexión; «un momento de bifurcación de la legislatura», lo llamó el pasado miércoles el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Al Gobierno no le quedó más remedio que alterar su hoja de ruta y adelantar al sector pesquero y a los transportistas medidas similares a las que ya habían lanzado otros países europeos, como una subvención de 20 céntimos por cada litro de gasóleo. Medidas que el presidente pretendía modular en el último Consejo de Ministros de este mes, en función de lo que se acordara en Bruselas el jueves y viernes pasados. La oposición, los principales aliados parlamentarios e incluso el partido minoritario del Gobierno han admitido en los últimos días no entender los ritmos de Sánchez.

El miércoles, en la sesión de control en el Congreso, se visualizó más que nunca la soledad de los socialistas, agudizada, además por el rechazo general al inesperado giro a la posición sobre el Sáhara Occidental. Ahora, en la Moncloa se muestran esperanzados en que todo se reconduzca e incluso restan importancia al hecho de que la plataforma que inició el paro del transporte continúe con la protesta. Sostienen que ese grupo minoritario ha quedado «neutralizado» con el acuerdo que el jueves suscribió la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con el Comité Nacional de Transporte en Carretera, que representa a las asociaciones mayoritarias.

Solución desde «la raíz»

En todo caso, la gran medida a la que Sánchez fiaba el grueso de su respuesta a la crisis energética, la que defendía como la única capaz de ir «a la raíz del problema» y producir una significativa reducción de precios, todavía tardará en estar en marcha; según los propios cálculos de la vicepresidenta tercera, entre tres semanas y un mes. El Consejo Europeo dio a España vía libre para fijar precios de referencia del gas, pero la Comisión es la que tiene que aprobar en última instancia el proyecto y la fórmula definitiva para llevarlo a cabo.

Los socios del Ejecutivo recelan de las apelaciones a un «acuerdo de país» y temen una derechización de los socialistas

Lo que sí tendrá efecto inmediato será lo que el Gobierno apruebe el martes y que, según el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, incluirá un pacto de rentas e iniciativas para las «familias más vulnerables» y los sectores «más afectados». Sánchez tiene previsto adelantar ya el lunes, en una conferencia en el Auditorio del Edificio Beatriz de Madrid, los puntos clave de ese plan nacional prometido que tendrá forma de real decreto ley. Y el miércoles, en el pleno del Congreso convocado para informar del Consejo Europeo, pero también del viraje sobre el Sáhara, recibirá ya una primera muestra de su acogida.

En el Gobierno argumentan que, tras el «mensaje de unidad» que ofreció este viernes la UE en Bruselas, «no se entendería» que las fuerzas políticas españolas se muestren divididas y reclaman un apoyo unánime que, a priori y no obstante, parece difícil de lograr, dadas las diferencias de criterio entre los partidos progresistas y los liberales y conservadores. De hecho, los socios habituales ya han advertido a Sánchez de que tendrá que elegir. Recelan de que tras su apelación a un «gran acuerdo de país» se esconda una derechización de la legislatura.

Incluso en el seno del Gobierno hay diferencias sustanciales. Unidas Podemos quiere recuperar medidas ya aplicadas durante el primer estado de alarma como la congelación de los precios del alquiler o la prohibición del despido objetivo. «No se puede comparar esto con la pandemia, cuando tuvimos una buena parte de la economía parada. Tenemos que evitar poner a los ciudadanos en un estado de ánimo que no se corresponde con la situación que estamos viviendo» replicó el viernes en La Sexta la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sondeado en los últimos diez días la opinión del conjunto de fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox, que declinó la oferta, y este fin de semana está intensificando los contactos por vía telefónica. Su gran baza es que los reales decretos leyes son paquetes que se convalidan o no en su conjunto y su pretensión es que todas las fuerzas vean recogidas algunas de sus propuestas. Pero llueve sobre mojado. Son muchas las veces que los grupos han afeado una estrategia negociadora que viven como un chantaje de o lo tomas o lo dejas. La última fue la reforma laboral, salvada por los pelos gracias a la equivocación al votar de un diputado del PP.

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