Conscientes de la soledad en la que se encuentran en su anteproyeco de ley de secretos oficiales, en el ala socialista del Gobierno ya da por hecho que tendrán que aceptar las enmiendas «que sean razonables» de otros grupos parlamentarios si quieren sacar el ... texto adelante en el Congreso. La ministra de Defensa, Margarita Robles, una de las mayores defensoras del borrador aprobado este martes en el Consejo de Ministros, se muestra favorable a desclasificar documentos relativos a los GAL y al intento de golpe de Estado del 23-F, entre otros, como piden sus socios de Unidas Podemos y otros aliados de investidura como EH Bildu, Esquerra o el PNV.
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En una visita este martes a la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), en la Base Aérea de Torrejón, la ministra dejó claro que, a su juicio, «es bueno que la sociedad pueda conocer hechos de su pasado», como los sucesos relacionados con los GAL, un asunto en el que recordó que ella misma tuvo oportunidad de trabajar siendo secretaria de Estado del Ministerio del Interior en los años 90. También adelantó que la ley podrá ser reformada durante el trámite parlamentario para aunar el mayor consenso posible.
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Los detalles ocultos de estos sucesos, con el actual anteproyecto en la mano, solo podrían conocerse transcurridos 50 años o, si se incluyen en el mayor nivel de confidencialidad estipulado, se podrían prorrogar otros quince años (en el caso del 23-F se conocerían los documentos clasificados en el año 2046 si se opta por esta categoría).
La ministra insistió por tanto en la necesidad sumar apoyos a esta reforma porque «responde a los principios esenciales de cualquier democracia» y sitúa a España en «los parámetros de otros países europeos». Sin embargo, no quiso entrar en el detalle sobre la posibilidad de rebajar el número de años necesarios para la desclasificación de documentos.
En la misma línea, la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostró convencida por la mañana, en una entrevista en RNE, que la ley saldrá adelante con cambios. La líder de los morados reconoció que la parte socialista del Gobierno les ha trasladado que buscarán el mayor apoyo de los grupos parlamentarios y que los plazos para desclasificar los documentos «es uno de los puntos centrales» de discrepancias. La propuesta de Unidas Podemos pasa por instaurar un plazo de 20 años prorrogable por 10 años más. «Esa es la propuesta de partida, pero abiertas a negociar y llegar a un punto de consenso», afirmó.
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Ni la propia Belarra ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han optado en esta ocasión por elevar al máximo las discrepancias con el PSOE. Los morados creen que el objetivo del PP es «romper el Gobierno» y prefieren no dar más argumentos a ello. También se muestran «escépticos» ante la posibilidad de que los populares se sumen.
Precisamente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sin entrar a valorar el contenido del anteproyecto, volvió a afear al Gobierno que aún no se hayan puesto en contacto con su partido. «Se ve que la ley de secretos oficiales es también un secreto para el PP, única alternativa de Gobierno», escribió en las redes sociales.
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JAVIER ARIAS | Madrid
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo de Interior, Fernando Grande-Marlaska, declararán por escrito en el llamado 'caso Pegasus'. Ambos fueron citados el pasado jueves por el juez José Luis Calama, que instruye la investigación sobre el espionaje del que habrían sido víctimas en sus teléfonos varios miembros del Gobierno.
Robles precisó este martes que tanto ella como Marlaska son «perjudicados» en la causa y que «poco pueden aportar» a la investigación en curso de la Audiencia Nacional. No obstante, apuntó que su deseo es que se esclarezca la autoría material de las infecciones. Para tomar declaración a ambos, el Consejo de Ministros debe primero desclasificar los documentos que guarden relación con los hechos, ya que el contenido de sus respuestas puede afectar a información reservada.
La citación se produce después de que el juez haya tomado declaración a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y un funcionario de este organismo. También tras la declaración del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que fue otro de los afectados. Precisamente «la escasa luz» que este arrojó en su declaración -que también fue por escrito- ha sido el principal motivo por el que Calama ha decidido citar como testigos a Robles y Marlaska. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de Agricultura, Luis Planas, son los otros dos miembros del Ejecutivo que fueron víctimas del espionaje.
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