La justicia europea devuelve provisionalmente la inmunidad a Puigdemont

Esta decisión supone, en la práctica, que los políticos catalanes –huidos de la justicia española desde 2017 y residentes en Bélgica- podrán viajar por territorio europeo en el ejercicio de sus funciones como europarlamentarios. El TJUE retiró la inmunidad al expresidente catalán y los dos exconsellers en julio de 2021, al entender que no existía prueba alguna de que «fueran a ser detenidos de forma inminente».

Con este auto, sin embargo, la corte considera que existe una alta probabilidad de su detención y entrega a las autoridades españolas si no se les devuelve la protección europarlamentaria.

La decisión es, de todos modos, cautelar, a falta de que el tribunal con sede en Luxemburgo decida sobre si Puigdemont, Comí y Ponsatí deben recuperar la inmunidad de forma definitiva. Contra ellos existen varias euroórdenes del Tribunal Supremo que reclama desde hace más de cuatro años su detención y entrega a España por presuntos delitos de sedición y malversación.

El tribunal también se pronunció sobre el proceso a través del cual se retiró la inmunidad a los políticos independentistas y que reactivó las euroórdenes contra ellos. Los magistrados consideran que el eurodiputado de Ciudadanos, Andrián Vázquez, presidente de la comisión del Parlamento Europeo que participó en el proceso demostró «su parcialidad o prejuicio personal» hacia los eurodiputados. Además, el alto tribunal apunta a que el ponente encargado de la opinión sobre los suplicatorios del Tribunal Supremo fue un eurodiputado del grupo de los conservadores y reformistas europeos –del que también forma parte VOX– por lo que «no cabe excluir» que ello «pueda suscitar dudas legítimas sobre un potencial perjuicio contra los diputados».

Por todo ello, considera que la inmunidad de los políticos catalanes debe mantenerse a falta de que el caso se resuelva en el tribunal de Luxemburgo, que sigue deliberando. Además, señala que a falta de tomar «una decisión formal», el Tribunal Supremo no puede considerar que el TJUE haya tenido intención de cuestionar las órdenes de detención emitidas o de suspender su ejecución.