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Además del Gobierno y la familia, en la polémica por la exhumación de Franco se han visto implicados la Iglesia y los tribunales.
Una de las primeras promesas de Pedro Sánchez tras el éxito de su moción de censura fue trasladar al dictador fuera del ... Valle de los Caídos, donde ha permanecido enterrado 44 años. Ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero se atrevieron a dar ese paso, pero Sánchez, que con tan solo 84 diputados ha tenido un mínimo margen para legislar, vio en la exhumación una medida de calado para satisfacer a su electorado. El problema es que corre el riesgo de no poder cumplir su promesa.
Se opondrán a la exhumación hasta las últimas consecuencias. Y si no pueden evitarla, tratarán de que los restos sean llevados a la Almudena.
Las autoridades eclesiásticas, empezando por el Vaticano, se han puesto de perfil y mantienen que éste es un asunto entre el Gobierno y la familia. Podrían frenar la exhumación al encontrarse la tumba dentro de la basílica del Valle de los Caídos, pero el número dos del Papa, Pietro Parolin, se ha comprometido ante el Gobierno a no hacerlo. La Conferencia Episcopal tampoco se ha opuesto.
Excandidato de Falange, el jefe de los religiosos que custodian el mausoleo, Santiago Cantera, ha amenazado con no permitir la entrada a la basílica. Dentro de la Iglesia representa el mayor obstáculo para el Gobierno.
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la exhumación. Lo primero que deberá decidir es si paraliza el traslado mientras se pronuncia sobre el fondo de los recursos presentados por la familia y los benedictinos.
Es, por ahora, el único magistrado que ha ordenado paralizar la exhumación. Suspendió la licencia urbanística necesaria para el traslado al considerar que la vida de los trabajadores que levanten la losa de la sepultura correría peligro.
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