El Gobierno anuncia la exhumación de Franco para el 10 de junio sin esperar la decisión del Supremo

La número dos del Ejecutivo añadió que no habrá imágenes del acto ni convocatoria pública. Calvo se limitó a detallar que la operación se llevará a cabo por la mañana y que se ofrecerá a la familia la posibilidad de asistir a la exhumación en la abadía y de oficiar una misa íntima en Mingorrubio. El hecho de que el 10 de junio caiga en lunes no es una casualidad, ya que este día de la semana el Valle de los Caídos permanece cerrado al público, lo que facilitaría el despliegue de las fuerzas de seguridad para evitar posibles incidentes con nostálgicos del régimen.

Una cosa son las intenciones del Gobierno socialista y otra que las pueda hacer realidad, más aún cuando en junio del año pasado el propio Pedro Sánchez auguraba que el traslado sería cuestión de semanas. Pero, de concretarse finalmente, el proceso se habrá prolongado casi un año.

Sobre el futuro uso del Valle de los Caídos, la vicepresidenta abogó por «ir por partes». «Lo urgente es sacar los restos del dictador», zanjó.

La oposición de los descendientes de Franco es el gran obstáculo para la exhumación, que ya ha sido recurrida ante el Supremo. El alto tribunal podría decidir paralizar la operación mientras adopta una decisión. «Acataremos las resoluciones judiciales pero eso no impide que el Gobierno concluya el proceso legal que inició», justificó la vicepresidenta tras la reunión semanal del gabinete. «La familia y su entorno –añadió Calvo a modo de protesta– han utilizado los procedimientos procesales para articular su discrepancia de aplicación de la ley».

Los nietos de Franco respondieron hoy a las pocas horas que «el Gobierno no puede ejecutar la exhumación si el Tribunal Supremo no se pronuncia». La familia rechaza que se saque a su abuelo del mausoleo que mandó construir tras las Guerra Civil. Y si esto finalmente se produce, exige trasladar los restos a la catedral de La Almudena. Pero esta es una posibilidad que el Ejecutivo rechaza de plano. Lo hace por motivos de seguridad y para no dar pie a que haya un centro de exaltación del franquismo en pleno centro de la capital. Es por esto que el Consejo de Ministros ha escogido como destino el panteón de Mingorrubio, donde se encuentra la tumba de la viuda del dictador, Carmen Polo, y que además es propiedad de Patrimonio Nacional, algo que evita nuevos problemas administrativos. El Gobierno considera que el cementerio cercano al municipio de El Pardo no plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana porque está en un lugar aislado.

Otro obstáculo es el prior del Valle de los Caídos, que amenaza con prohibir la entrada a la basílica donde se encuentra la tumba. El Vaticano ha dicho que la Iglesia no interferirá en el proceso, pero el jefe de los benedictinos que resguardan el mausoleo amenaza con no darse por enterado. Los religiosos presentaron el pasado martes su propio recurso ante el Supremo. A ello se suma que un controvertido juez de Madrid ha negado la licencia de obra para levantar la lápida, de tonelada y media de peso, bajo el argumento de que se pondría en riesgo la vida de los operarios.

Otro obstáculo que podría presentarse para la exhumación sería un cambio de Gobierno tras el 28 de abril. Con una alianza de PP, Ciudadanos y Vox el traslado de los restos de Franco entraría en un paréntesis porque ninguna de las tres formaciones es partidaria de la exhumación. Pero lo más probable es que para esas fechas el Gobierno de Sánchez siga en funciones por las previsibles complicaciones de la investidura. Según apuntó este viernes Calvo, «cualquier Gobierno que esté el 10 de junio, a menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo, lo tendrá que hacer».

El Gobierno recibió un chaparrón de críticas por «electoralismo» al poner fecha a la exhumación sin que el Supremo se haya pronunciado. Desde el PP, Ana Pastor instó al Gobierno a preocuparse de «los problemas de la gente». «En campaña electoral unos se dedican a algunas cosas y otros nos dedicamos a hablar del empleo, sanidad, educación o los problemas de las mujeres». Unidas Podemos, que siempre ha defendido el traslado, también consideró que el anuncio es una «tomadura de pelo» y «un manoseo de la memoria histórica por motivos electorales. Y desde Vox se mostró la confianza en que el Supremo impida al Gobierno «profanar» la sepultura de Franco.