El proceso que aceleró la Historia

El proceso de Burgos, que cumple el 3 de diciembre 50 años, ha sido un acontecimiento clave en la historia contemporánea de Euskadi que explica por qué se llegó a construir un mito sobre ETA que ha costado muchos años superar. Las movilizaciones de protesta, las contradicciones en el franquismo y las tensiones en ETA completan el cuadro.

El 3 de diciembre de 1970, decenas de personas se agolpaban ante las puertas del Gobierno Militar de Burgos. Bajo el frío invernal de la capital castellana, comenzaba el proceso sumarísimo 31/69 a 16 miembros de ETA, que se prolongó hasta el día 9. Las deliberaciones se desarrollaron durante 18 días de forma ininterrumpida.

La jurisdicción militar se había hecho cargo del caso en aplicación de la Ley de la Represión del Bandidaje y del Terrorismo de 1963. Una decisión que había venido precedida por el pronunciamiento de la Audiencia de San Sebastián a favor de un proceso militar, que fue recurrida ante la Sala de lo Penal del Supremo, y ratificada por esta última en detrimento del Tribunal de Orden Público. También se decidió que la audiencia fuera pública, a pesar de que se juzgaba a dos sacerdotes entre los acusados, lo que, gracias al Concordato con la Santa Sede, permitía que fuera a puerta cerrada.

El consejo de guerra acusó a los 16 imputados de ser culpables de delitos como tenencia ilícita de armas, robo a mano armada, rebelión militar y terrorismo, así como de decidir y llevar a cabo los asesinatos del comisario de la Brigada de Investigación Social -la policía secreta franquista-, Melitón Manzanas, en agosto de 1968, y del taxista Félix Monasterio en abril de 1969.

El juicio -toda una causa general que había sido perfectamente planificada por la fiscalía de la Capitanía General de Burgos- se convirtió en un hito histórico. Provocó una gran convulsión social de protesta y agudizó las contradicciones del franquismo. Los 16 acusados -Eduardo Uriarte, Xabier Izko de la iglesia, Mario Onaindía, Unai Dorronsoro, Arantxa Arruti, Antton Karrera, Jokin Gorostidi, Itziar Aizpurua, Xabier Larena, Ione Dorronsoro, Josu Abrisketa, Jon Etxabe, Bittor Arana, Enrique Gelesaga, Gregorio López Irasuegi y Julen Kaltzada- aprovecharon la notable presencia de corresponsales extranjeros para denunciar las torturas que habían sufrido y deslegitimar la dictadura. Sus abogados defensores, de todo el arco de sensibilidades antifranquistas, lograron con un hábil reparto de papeles sentar al régimen de Franco ante el banquillo de la opinión pública democrática europea, que siguió con considerable expectación las sesiones.

Después de las condenas anunciadas el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, los hechos se desencadenaron con suma rapidez. La conmutación de las penas de muerte a seis de los condenados el 30 de diciembre, comunicada por el propio dictador, que argumentó su 'clemencia', evidenció que la fuerte presión había hecho mella y había alterado algunos de los equilibrios del régimen. El historiador John Sullivan consideró el proceso como «el suceso más trascendental de la historia de ETA». El mito de la ETA antifranquista y su conexión emocional con una sociedad vasca oprimida por un Estado totalitario comenzó a fraguarse aquellos días en la Sala de Justicia del Gobierno Militar de Burgos. Costaría muchos años que aquel imaginario de resistencia desapareciera, incluso después del final de la dictadura y con la llegada de la Transición democrática.

Durante el juicio, Mario Onaindía comentaba a Teo Uriarte que estaba leyendo las obras de José Antonio Primo de Rivera. «Mario estaba fascinado por el discurso social y me decía en broma: 'Nos van a matar por pensar lo mismo...'», recuerda.

Uriarte estaba convencido aquellos días turbulentos de que los condenados, al menos la mayoría, tenían como único destino seguro el paredón del fusilamiento. El franquismo había diseñado un macrojuicio con un propósito: dar visibilidad al escarmiento ante la opinión pública, con una vertiente de ejemplaridad para cortar de raíz la disidencia de ETA y su reproducción en un futuro. La organización había sufrido la presión policial en los últimos meses y el tribunal sostenía que era el momento oportuno para dar un golpe de gracia que tuviera efectos políticos y cortase la dinámica armada. Las condenas a muerte -impuestas a Uriarte, Onaindía, Unai Dorronsoro, Gorostidi, Larena e Izko de la Iglesia, este último acusado directamente de ser el autor material del asesinato del torturador Manzanas- pretendían convertirse en una exhibición de autoridad para zanjar las propias contradicciones que empezaban a asomar en el régimen.

Y es que las primeras fisuras en el 'establishment' franquista comenzaban a ser palpables desde el escándalo Matesa en 1969 entre el búnker y los más aperturistas, que ya empezaban a teorizar sobre la necesidad de salidas para el día después de Franco, cuyo párkinson era cada vez más visible desde hacía una década. El ministro Laureano López Rodó admitiría años después en sus memorias que un sector del régimen comenzaba a pensar en la necesidad de una transición para el día después a la muerte de Franco. Aquel debate, larvado pero real, sobrevoló el proceso de forma determinante.

Los sectores tecnócratas del Gobierno, alrededor del Opus Dei y con cierto apoyo del almirante Luis Carrero Blanco como vicepresidente desde su nombramiento en 1969, apostaron sin éxito por fraccionar el proceso y soslayar la imagen de un macrojuicio y también por evitar las condenas de muerte que reclamaban desde el núcleo duro del régimen, en especial desde el Ejército, que pedía un «escarmiento» que cortarse de raíz la disidencia armada contra el Estado.

Los tecnócratas consideraban que no había que caer en la trampa tendida por ETA y no hacer mártires a los condenados ante una opinión pública que empezaba a estar convulsionada tras años de adormecimiento. Eran días en los que «en San Sebastián se había vuelto a hablar de política», confiesa un antifranquista veterano que recuerda perfectamente aquellas semanas, tras la larga noche de la dictadura. «No saben ustedes el peso que me han quitado de encima», dicen que señaló Franco tras tomar la decisión de conmutar las penas de muerte en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre.

Los historiadores Gaizka Fernández Soldevilla y José Francisco Briones han descubierto aspectos inéditos de las tensiones que sacudieron al régimen franquista. El sumario fue impulsado sobre todo desde la Auditoría de Guerra de la Capitanía General de la VI Región Militar, con sede en Burgos, y según recogen un minucioso estudio, que ha sido publicado por la revista de historia 'Araucaria', se produjo un intento de soborno desde el entonces Ministerio de Información y Turismo al ponente en la causa, el capitán Antonio Troncoso, para evitar las penas de muerte. Incluso se abrió una investigación oficial para descubrir a los inductores de aquella operación, pero al final no se encontraron pruebas suficientes y la incipiente búsqueda de responsables se paralizó. El mismo Troncoso llegó a revelar aquel intento, que dejaba al descubierto hasta qué punto la apuesta por la línea de máxima dureza había comenzado a provocar grietas inesperadas. El proceso causó una fuerte escalada represiva alrededor del ya clásico principio acción-reacción, que fue planteado por ETA como una estrategia para capitalizar políticamente la represión indiscriminada de la dictadura contra toda la oposición al régimen. El 4 de diciembre se declaró el estado de excepción en Gipuzkoa y el 14 en toda España.

En todo caso, el contexto de la época que explica en buena medida la estrategia de los acusados era la épica revolucionaria en la que hundía sus raíces el nacimiento de ETA como una organización que luchaba por la liberación nacional y social del pueblo vasco, al calor de los movimientos del Tercer Mundo. Una mística de 'redención' que permaneció durante tiempo en el ADN de este movimiento y que caló hasta los tuétanos en el imaginario del nacionalismo más radical y rupturista.

Aquel discurso, aquella escenografía, no era privativa de Euskadi, pero sí encontró en tierra vasca un caldo de cultivo propicio para crecer y multiplicarse. El historiador donostiarra Luis Castells -cuyo hermano Miguel, después senador de Herri Batasuna, fue abogado defensor de Mario Onaindía- recuerda que el contexto internacional (bajo la estela de mayo del 68, la oposición a la guerra de Vietnam y la lucha contra el colonialismo) influyó sobre los sectores más radicales del antifranquismo en general, y en ETA en particular. Ello sedimentó una cultura de la violencia en la que hunde sus raíces el terrorismo en Euskadi. Y de aquel momento se establecieron una serie de vínculos emocionales y afectivos entre esa izquierda antifranquista y ETA, una conexión que se trasladó a Europa y que costó mucho tiempo superar.

Las sesiones del juicio provocaron una considerable contestación en amplios sectores de la sociedad vasca, en especial de los estudiantes y de la clase obrera, que era muy combativa y había protagonizado frecuentes movilizaciones en los meses anteriores, rompiendo los esquemas del Gobierno franquista, que planificaba sus planes desarrollistas sin ser consciente de que el crecimiento económico alimentaba también la creación de una clase media con una mayor conciencia democrática que las pasadas generaciones, todavía traumatizadas por el horror de la Guerra Civil. Sin el protagonismo estudiantil -se movilizaron muchos de los hijos de esa incipiente clase media e incluso de los vencedores en la contienda bélica de 1936- ni de los trabajadores no puede explicarse la considerable fuerza que tuvo la contestación y la movilización. Tanto en Euskadi como en otros puntos de la geografía española. El franquismo también sacó a sus partidarios a las calles. E, incluso, afloraron reproches a la línea 'blanda' de los tecnócratas del Opus por parte de los núcleos más intransigentes del Movimiento, atrincherados en Falange y en el Ejército.

La otra punta de lanza contra el proceso vino por el eco internacional, tanto de la denuncia de los acusados como de las protestas, sobre todo en Europa, que generaron fuertes tensiones diplomáticas. Se desencadenó una potente corriente de solidaridad internacional con los acusados y condenados. Se evidenció una considerable socialización de la oposición a la dictadura y una ruptura entre la generación que había perdido la guerra, instalada en la espiral del silencio, y sus hijos. Una fractura decisiva que el franquismo no había logrado calibrar, empeñado como estaba en lograr un acuerdo para negociar con el Mercado Común una cierta homologación de España en el plano internacional. Un intento vano que saltó por los aires aquellos días de diciembre.

En un principio, el proceso despertó una corriente de simpatía emocional contra la represión que unió a todas las sensibilidades antifranquistas. De entrada, no fue el nacionalismo radical el que llevó la bandera más beligerante de las movilizaciones. De hecho, fueron sectores de la izquierda no nacionalista y de la extrema izquierda revolucionaria quienes lideraron las movilizaciones contra el juicio, tanto el PCE como Comisiones Obreras, que comenzaban a organizarse en aquellos meses.

En Gipuzkoa, tuvieron también un papel determinante los militantes de Komunistak, que luego desembocaría en el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK), que mantuvo un papel activo hasta el inicio de la Transición, y que se había originado en una de las escisiones de ETA anteriores al proceso de Burgos. Después, con el paso del tiempo, el juicio alimentó el imaginario del abertzalismo más radical liderado desde su exilio francés por Telesforo de Monzón, con ruedas de prensa que exhibían una estrategia clara de aprovechar la dinámica puesta en marcha para reforzar las tesis del abertzalismo más recalcitrante. Con el devenir del juicio, la ETA de la línea más nacionalista lograba capitalizar política y simbólicamente aquella oposición popular y conseguía imponer su narrativa de conflicto nacionalista con España, frente al relato internacionalista del sector más marxista, que era tildado de 'españolista'. Las disensiones en ETA estaban todavía larvadas, pero comenzaban a percibirse con nitidez. El discurso de un pueblo oprimido por España se imponía a las tesis del internacionalismo que explicitaba Onaindía en los instantes anteriores a que comenzara a cantar el Eusko Gudariak. Los condenados siguieron el canto, pero solo repitieron dos veces la primera estrofa, ya que consideraban que la segunda tenía matices más ligados al nacionalismo tradicional. Un detalle revelador de las bambalinas ideológicas tras el macrojuicio.

Y es que en 1970 ETA estaba dividida en esas dos grandes corrientes. La mayoría de los acusados de Burgos se identificaba con la VI Asamblea, del alma más revolucionaria, celebrada el último día de agosto de 1970. Se comenzaba a atisbar un fuerte enfrentamiento con el sector más abertzale, que veía a sus compañeros demasiado 'españolistas'. Pero, sin embargo, pese a las discrepancias, en ETA no se consuma la ruptura hasta años después, en septiembre de 1974, tras el atentado en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid, junto a la entonces Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, con el balance de trece muertos, que provocó la escisión entre los milis y los polimilis.

El mito de la ETA antifranquista duró años, y, según numerosos historiadores, la aureola de épica que rodeó el proceso, con la conmutación final de las penas de muerte -llegó a interceder el papa Pablo VI-, explica en parte la tardanza de ETA en metabolizar el principio de realidad. En aquel caldo de cultivo germinó cierta fascinación por la violencia para lograr objetivos políticos y un integrismo ideológico que marcaron la traumática adaptación de ese mundo a los cambios democráticos. Como señala el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, ETA obtuvo notables réditos de un consejo de guerra planificado para darle la puntilla. «¿Cómo pudo pasarnos esto?», se pregunta la historiadora Idoia Estornés. Todo lo que rodeó aquel episodio, incluso sus contradicciones, proporcionan pistas para descubrir la respuesta.

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