Hacienda apercibe a la Generalitat para que explique cómo sufraga la web del referéndum

"Tendrá que justificar el origen de los recursos para este primer paso de promoción", ha advertido Montoro para acto seguido remarcar que, si es necesario, el Gobierno intervendrá para garantizar que no se ha empleado dinero público.

El titular de Hacienda, quien ha realizado estas declaraciones en Zaragoza justo antes de intervenir en la reunión intermunicipal del Partido Popular, ha dejado claro que no se va a utilizar "un solo euro público" en el referéndum, puesto que es una consulta "ilegal".

Además, ha recalcado que, si se hubiera utilizado dinero público, habría sido de manera "fraudulenta e ilegal". En este punto, ha reiterado que el TC a principios de julio declaró ilegal la parte de presupuesto de la Generalitat que se dedicara a este referéndum, y el Gobierno está en condiciones de garantizar que "no se va a utilizar ni un euro público a la hora de promover esa consulta del 1 de octubre".

"No se puede hacer una convocatoria sin presupuesto y no se puede mover presupuesto para una consulta que ha sido declarada inconstitucional", ha reiterado el titular de Hacienda.

Asimismo, Montoro ha advertido de que si se busca una financiación privada se estará financiando una actividad ilegal y "se irá contra él". "Ante el desafío que supuestamente están lanzando quienes no tienen ninguna capacidad operativa, tengamos la seguridad, la confianza de que Catalunya va a seguir siendo España".

Ha recordado que el Consejo de Ministros de este viernes ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en relación con el llamado Código Tributario de Catalunya: "Excede nuestra Constitución, excede las leyes básicas del Estado, la ley general tributaria, y además es inútil", ha enumerado.

Cristóbal Montoro ha opinado que este Código traslada "confusión" en la obligación de devengar y pagar impuestos, algo que debe quedar "muy claro" para todos los contribuyentes y las empresas.

Asimismo, ha incidido en que los funcionarios, y todos los cargos públicos, tienen la obligación de respetar la ley y tienen para ello "todo el apoyo, el soporte, del Gobierno de España". Así, les ha dicho que no tienen que tener "ninguna preocupación".