El TSJ de Cataluña investiga a Puigdemont y a su Gobierno por delitos que conllevan prisión

La Sala de lo Civil y Penal ha considerado que hay indicios suficientes para investigar a los 19 altos cargos por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Este último tipo penal conllevaría penas de prisión de entre dos y ocho años, mientras que para los dos primeros delitos el castigo sería la inhabilitación para empleo o cargo público.

Tras cuatro horas de reunión, la Sala de Admisiones ha acordado que la querella contra todos los miembros del Govern, número 41/2017, se acumule al procedimiento ya abierto en mayo pasado contra la consejera de Gobernación Meritxell Borràs, quien convocó el concurso de las urnas para el referéndum del 1 de octubre, y quien era el Secretario General de su departamento Francesc Esteve y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas.

Se da la circunstancia de que Mercedes Armas es una juez adscrita a la Audiencia de Barcelona que refuerza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en comisión de servicios. Cubre una vacante en la Sala Civil y Penal durante seis meses. En la sección octava de la Audiencia de Barcelona formó parte del tribunal que condenó al futbolista Lionel Messi por fraude fiscal.

Por su parte, la querella registrada con el número 40/2017, dirigida contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa por supuesta desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra estos mismos investigados y que instruye la magistrada María Eugènia Alegret. Ambas resoluciones con los términos alcanzados por la Sala Civil y Penal del TSJC se notificarán en los próximas días.

Con respecto a las medidas cautelares solicitadas, el fiscal solicitó el cese de la actividad de las páginas web 'garanties.cat' y otra relacionada con la petición de voluntarios para el referéndum. En caso de que la página infractora esté en España, que se proceda a dar las órdenes oportunas al prestador de servicio de alojamiento radicado aquí. Si estuviera fuera de España, que se proceda al bloqueo de acceso.

Del mismo modo, se interesa que se adopte cualquier medida cautelar respecto a cualquier medio de comunicación telemático, red social o web que realice la misma actividad. Y a los directores de los medios de comunicación públicos o privados, con sede en Cataluña, que se les requiere con los apercibimientos legales correspondientes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O.

Las mismas instrucciones a los alcaldes que faciliten cualquier tipo de recurso personal o material, incluyendo locales, para la celebración del referéndum. Finalmente, que se oficie a la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos) la competencia necesaria para impedir la promoción, organización y celebración del mismo. Para ello se reclama a la sala del Tribunal Superior de Cataluña que autorice la entrada y registro en domicilios u otros lugares.