Lunes, 4 de mayo 2020, 10:26
El PP apura el plazo para tomar una decisión definitiva antes de que el miércoles se aborde en el Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma. La conversación telefónica con Pedro Sánchez no sirvió más que para certificar el desencuentro, y Pablo Casado, « ... a día de hoy», mantiene su negativa a apoyar la ampliación de la excepcionalidad, a la que ya no ve «ningún sentido». El rechazo, sin embargo, del instrumento con el que el Gobierno gestiona la emergencia sanitaria no desvela el voto de los populares, que no han concretado si optarán por el no o si cabe una abstención que exprese el desacuerdo del partido sin poner en riesgo la cobertura legal que ha amparado desde el 14 de marzo las restricciones.
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Supone, en todo caso, un cambio de posición trascendente después de que el PP haya sostenido la vigencia del estado de alarma. Pese a la contundencia en la censura del manejo de la crisis y la brecha política entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, hasta ahora no se ha llegado a quebrar la unidad de voto en las sucesivas prórrogas debatidas en el Congreso. El miércoles, por lo tanto, podría marcar un punto de inflexión.
Lo que Casado plantea es que el Gobierno recurra a leyes ordinarias para gestionar el proceso de la desescalada sin necesidad de prorrogar la alarma. Considera que se podría «adaptar» la legislación de Salud Pública, la de Protección Civil o la de Seguridad Nacional para estudiar si es posible el mando único sanitario, limitar la movilidad entre provincias o determinar una salida «escalonada» de los domicilios.
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Tampoco acepta el argumento con el que el Ejecutivo alerta del «caos» que supondría tumbar en el Congreso el estado de alarma. Pese a que el Gobierno insiste en que es el actual marco el que permite sostener las compensaciones por la parálisis obligada de la actividad o las prestaciones por los ERTE derivados de la emergencia, el PP cuestiona que no haya alternativa. Es más, Casado mantuvo en una entrevista en Onda Cero su exigencia de que el Consejo de Ministros de este martes desvincule todas estas ayudas del decreto de excepcionalidad y que ligue las mismas a la duración de la desescalada o las necesidades de la situación económica. Todo lo demás es, a su juicio, un «chantaje» para garantizar el respaldo de la oposición.
No fue la única voz del PP contraria a que el estado de alarma continúe vigente hasta que la transición a la «nueva normalidad», como la denomina el Gobierno, haya concluido. Aunque en los territorios hay matices y no existe unanimidad sobre cómo proceder, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a quienes abogan por concluir esta fase. «Si no –llegó a trasladar– vamos a tener un problema de orden público, no nos podemos permitir seguir con todo parado».
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«Lo que habría que hacer es los máximos test posibles para abrir la economía lo más posible», acababa de defender Casado. El líder de los populares calificó, además, de «discrecionales» las actuales limitaciones de movilidad y las franjas horarias para deporte o paseos. «¿Se explican a estas alturas?».
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