La oposición mueve ficha para que el estado de alarma no anule el control al Gobierno

El artículo 116 de la Constitución, el que contempla los estados de alarma, excepción y sitio, especifica que el funcionamiento del Congreso, así como el del resto de poderes constitucionales del Estado, «no podrá interrumpirse» durante la vigencia de la situación extraordinaria. Y es en las Cortes donde la oposición ejerce las tareas de vigilancia del Gobierno. Si la actividad de la Cámara baja se ha visto mermada ha sido, en todo caso, por el riesgo de transmisión del virus y porque del Reglamento se deduce la necesidad de que las sesiones sean presenciales.

Siendo así, el Congreso acordó la celebración de varios plenos ­–obligados para convalidar decretos y alargar el plazo del estado de alarma– con una mínima presencia de diputados de cada grupo y con votación telemática. Además, semanalmente se reúnen la Mesa y la Junta de Portavoces y el ministro Illa da cuenta en la comisión de Sanidad de las últimas medidas adoptadas. No hay sesiones de control ni convocatorias de otros órganos. ¿Es suficiente?

A juicio del PP, no. Prácticamente desde el día que se conoció el positivo de Javier Ortega Smith en el test de COVID-19 y la Cámara baja suspendió su agenda semanal por la cuarentena de Vox, los populares han mostrado sus recelos. «El Congreso –dijo el 10 de marzo su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo– no se cierra. Los parlamentos no se cierran ni en guerra».

Desde entonces, el PP actúa en el registro. Según los cálculos del grupo parlamentario, ha presentado desde el inicio de la pandemia 733 iniciativas entre preguntas, solicitud de datos, proposiciones no de ley y peticiones de comparecencia. En concreto, ha reclamado que 14 cargos, incluido el presidente del Gobierno y varios ministros, acudan al Congreso por cuestiones relacionados con la gestión de la epidemia y que se cree una comisión específica de seguimiento de la crisis. Denuncian, además, como una extralimitación que el Parlamento esté «desactivado».

También Vox ha mostrado su desacuerdo. «Exigimos –apuntó este viernes el presidente del partido, Santiago Abascal– la reapertura del Congreso ante un Gobierno con poderes excepcionales y usados de forma excepcionalmente negligente».

Más significativas resultan aún las solicitudes de los socios que permitieron a Pedro Sánchez su investidura. Esquerra pidió este viernes intervenciones de varios ministros en la Comisión de Sanidad y la comparecencia de los titulares de Trabajo e Interior en los órganos correspondientes. Todas ellas, con el objetivo, especificaron los republicanos, «de ampliar el control parlamentario al Ejecutivo».

El movimiento del PNV se produjo ya el martes en el Senado, cuando, en contra del criterio del PSOE, sumó su voto al del PP para que se convoque la Comisión General de Comunidades Autonómas. El pulso ahora es por la fecha. Los socialistas prefieren esperar a cuando «haya garantías» para una reunión presencial.

En este contexto, Unidas Podemos aboga por una reforma del Reglamento del Congreso para que las Cortes emprendan un proceso de modernización y puedan continuar funcionando por medios telemáticos en situaciones «excepcionales, extremas y debidamente tasadas». La solución apunta, en todo caso, al futuro.