El Gobierno prorrogará de nuevo el estado de alarma pero estudia si relaja sus términos

La posibilidad de levantar algo la mano está sobre la mesa. En los tres últimos días, distintos ministros -el de Transportes, José Luis Ábalos, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la de Trabajo, Yolanda Díaz- han subrayado que todo dependerá de la evolución de la curva de contagios y de los criterios «técnicos» que puedan plantear los expertos. Y este viernes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no descartó «ir relajando en algunos puntos» el aislamiento.

El epidemiólogo, principal asesor de Sánchez en la dimensión sanitaria de esta crisis, dejó claro que, aunque la transmisión del virus se pueda dar por controlada, hay que seguir extremando los cuidados para evitar que vuelva a dispararse, pero al mismo tiempo dijo que «probablemente» no sea necesario ser tan restrictivos como se ha sido en las semanas pasadas y como aún habrá que ser hasta que entre en vigor la siguiente prórroga (a las doce de la noche del día 11).

El Ejecutivo se esmera, en todo caso, en mantener una actitud de cautela para evitar generar falsas esperanzas entre los ciudadanos sometidos a la presión psicológica de un encierro prolongado. Ábalos ya advirtió, de hecho, el jueves en RNE, de que la vuelta a la normalidad será progresiva. Italia, que se encuentra en una situación similar, pero va una semana por delante en cuanto al efecto de la pandemia, anunció el miércoles que permitiría que los niños puedan salir con sus padres a dar un breve paseo por los entornos de su domicilio, pero este viernes el jefe del Protección Civil, encargado de dar el parte cotidiano de la pandemia, Angelo Borreli, avisó de que el confinamiento durará al menos hasta el 2 mayo y que la apertura gradual de las actividades podría llegar después del 16 de ese mes.

El jefe del Ejecutivo resolverá sus dudas a lo largo de la mañana de este sábado tras reunirse, sucesivamente, con los comités científico y técnico de gestión del coronavirus, según anunció este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Después, se pondrá en contacto con los representantes de todas las formaciones políticas. Y este domingo volverá a celebrar una nueva videoconferencia, la cuarta ya, con los presidentes autonómicos. Este jueves ya mantuvo una conversación con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Formalmente, la solicitud de prórroga del estado de alarma se tomará, previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes. El Congreso, que es quien debe autorizarla, ya ha anunciado que reunirá a su Mesa ese mismo día a las 16:00 horas y a la Junta de Portavoces a las 18:00 horas. En esos encuentros se pondrá fecha y se fijará el orden del día del próximo pleno de la Cámara. Fuentes parlamentarias apuntan como fecha más probable para su celebración al jueves 9.

En principio, el Gobierno no tiene nada que temer en lo que al visto bueno del mantenimiento de la situación excepcional se refiere, a pesar de que en la última semana el clima político se haya crispado de manera evidente, sobre todo, a raíz de la aprobación, el pasado domingo, del decreto de paralización de la actividad productiva considerada no esencial. El PP no contempla negarse y con eso basta. Lo que no es descartable es que Sánchez se tope con una actitud extremadamente crítica hacia su gestión o que se pongan pegas a la convalidación de ese texto que redujo a mínimos hasta el día 9 la operatividad de buena parte de la industria, o a la prohibición de los despidos como consecuencia del coronavirus.

Incluso los hasta hora socios del Gobierno de coalición han expresado estos días su malestar por la falta de comunicación que ahora los socialistas buscan compensar a la carrera. Con todo, la Moncloa no ha aclarado aún si la semana próxima también llevará a la Cámara el resto de decretos pendientes.

El Gobierno dispone de un plazo de 30 días a partir de su aprobación para convalidarlos, aunque en el caso del que afecta a los sectores no esenciales no tendría sentido esperar más, salvo que también se piense en prorrogarlo. Esa es una cuestión que Illa rehusó este viernes contestar y que inquieta a autonomías y empresas.