Don Juan Carlos presenta ante Hacienda una declaración para regular su situación fiscal

El rey emérito estaría dispuesto a afrontar una multa económica por el uso de tarjetas opacas entre 2016 y 2018 a nombre de terceros

Ander aZPIROZ

Domingo, 6 de diciembre 2020, 10:26

Don Juan Carlos, en el 'exilio' voluntario en Abu Dabi desde principios de agosto, contactó con algunos de sus amigos más cercanos hace unas semanas para adelantarles su intención de regresar a España. Puso incluso fecha: antes de final de año. Su situación judicial se ... le había puesto de cara. La Fiscalía del Supremo, se supo el pasado 30 de octubre, preparaba el archivo de las diligencias abiertas en junio por las presuntas comisiones del AVE saudí. Se habían encontrado indicios de delito fiscal y/o blanqueo de capitales, pero todos estos hechos abarcaban el periodo de su reinado. Es decir, cuando don Juan Carlos era inimputable. El archivo como tal, confirmado por fuentes de la Fiscalía, aún no se ha producido. Se dijo entonces y ahora que en diciembre. Pero la coletilla de aquella filtración fue que el cierre de las diligencias vendrían acompañadas de un «duro relato» por las actividades del anterior monarca, quedándose al margen los reyes Felipe y Letizia.

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Era cuestión de tiempo y el rey emérito tendría el camino libre para volver a navegar en Sanxenxo, uno de sus deseos confesados en círculos cercanos. Pero sus planes se vinieron abajo a las primeras de cambio, al conocerse a principios de noviembre que Anticorrupción investigaba a don Juan Carlos por el uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales. Un presunto entramado para evitar la lupa de la Agencia Tributaria y que contaría con dos testaferros, un coronel y un empresario mexicano cercanos al exjefe del Estado.

La publicación de la noticia no tardó en ser confirmada por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado esa misma mañana. Son las diligencias de Anticorrupción 12/2019 y se habrían hallado indicios de delito del emérito tras los informes enviados por Hacienda y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Pues bien, ahora, lejos de acompasar las acciones al lento paso de la justicia, el emérito ha dado un paso al frente para liberarse de esa carga. Para ello, según adelantó 'El País', su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha presentado ante el Ministerio de Hacienda una propuesta para regularizar parte de unos bienes relacionados con el uso de tarjetas de crédito a su titularidad. Se trata de una declaración voluntaria, en ningún caso relacionado con las informaciones que señalan que el anterior jefe del Estado mantendría, supuestamente, cuentas en paraísos fiscales. Que ese es otro obstáculo que hace menos de un mes se puso en el camino de don Juan Carlos.

Fuentes de Hacienda señalaron este domingo que no se harán comentarios sobre la declaración del rey emérito, tal y como se rige la administración en relación a cualquier otro ciudadano. «No podemos hablar de casos concretos. Además, se trata –destaca el Ministerio– de una investigación que lleva la Fiscalía y todo lo que se haga en la investigación depende de ella».

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Eso sí, todo hace indicar que la respuesta de Hacienda a la propuesta de regularización fiscal por parte del rey Juan Carlos se producirá antes de que finalice este 2020. Entonces se sabrá si se acepta la regularización y, por tanto, cuál es el importe a pagar.

El uso de estas tarjetas, usadas no solo por el rey emérito, sino también por otros familiares cercanos, entre los que se ha señalado a doña Sofía, se produjo entre 2016 y 2018. Se entiende que el dinero defraudado superó los 120.000 euros por ejercicio, que es el límite para empezar a considerar que existe delito fiscal, que es lo que ahora se investiga en el caso del rey emérito.

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Si, como se anunció, se archivan las diligencias por las presuntas comisiones del AVE saudí y ahora don Juan Carlos regulariza su situación fiscal por el uso de estas tarjetas, su calvario judicial se limitaría a una tercera causa aún en estado embrionario que la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, filtró a la prensa el mes pasado. Según fuentes de la investigación, estas nuevas pesquisas sobre las actividades del exjefe del Estado proceden del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que depende del Ministerio de Economía y el Banco de España. En ellas se apunta la existencia de un 'trust' (fideicomiso relacionado con sociedades instrumentales) en Jersey, una de las islas del canal de la Mancha, un paraíso fiscal desde donde se movieron al menos cinco millones de euros cuyo paradero se desconoce.

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