El Gobierno reivindica la «legalidad» y la «utilidad» de los indultos del 'procés'

Los indultos concedidos hace casi un año a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en octubre de 2019 se justificaron en su momento, precisamente, por su «utilidad pública». «No lo hacemos por los afectados, lo hacemos por la sociedad catalana y española», dijo en varias ocasiones Pedro Sánchez. Ese argumento es, para el Ejecutivo, clave, porque constituye uno de los tres requisitos exigidos por la ley, junto a los principios de equidad y justicia, para poder perdonar una pena impuesta por la justicia.

Rodríguez subrayó que la decisión de indultar a los protagonistas de la intentona secesionista de 2017 se tomó «en aras de la convivencia y de la recuperación de la normalidad en Cataluña». Y esgrimió que es obvio que ha funcionado porque «la situación hoy nada tiene que ver con la de entonces». «La convivencia en Cataluña era uno de los grandes problemas del país y ya no lo es», dijo incluso.

La revisión, en todo caso, llega en un momento políticamente delicado para el Ejecutivo, con los independentistas soliviantados por el espionaje con el 'malware' Pegasus destapado el pasado 18 de abril por 'The New Yorker'. El Gobierno sirvió en bandeja a sus aliados la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, pero no ha satisfecho ninguna otra exigencia planteada al calor de esa información.

A pesar de haber sopesado la posibilidad de apoyarla para reorientarla, como quería Unidas Podemos, hacia las «cloacas» del Estado controladas por el PP, este martes el PSOE volvió a rechazar la creación de una comisión de investigación sobre el asunto. Además, nadie ha asumido responsabilidades políticas y, aunque también estuvo sobre la mesa, no se han desclasificado las autorizaciones judiciales que avalaron algunas de las escuchas conocidas, entre ellas las del hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ni ha habido encuentro entre éste y Pedro Sánchez como reclamaba el líder catalán.

En la Moncloa esgrimen que nunca puede considerarse un buen momento y que tanto Esquerra como el resto de partidos tienen que ser conscientes de que la decisión adoptada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo es ajena al Gobierno, que ha sido muy explícito en su voluntad. Los indultos se concedieron, de hecho, a pesar del criterio en contra tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía, algo legal pero muy inhabitual.