El Gobierno recuerda al presidente catalán cómo han acabado los líderes del 'procés'

Fernando Grande-Marlaska recurrió a la perífrasis para advertir a Torra de que por el camino que lleva tiene los nubarrones penales más cerca. Se lo avisó este miércoles el Tribunal Constitucional, y el ministro le recordó este jueves las «noticias recientes de cómo actúa un Estado de derecho con división de poderes». Reconoció, de todas maneras, que la retórica épica que emplea el presidente de la Generalitat, más allá de inflamar a las huestes independentista, aunque cada vez menos, no contiene materia penal suficiente para que los tribunales procedan contra él. «Juega al límite», apuntan fuentes jurídicas.

El Gobierno, explicó el titular de Interior, solo pondrá en marcha la maquinaria legal cuando Torra protagonice «hechos y acontecimientos», no por meros anuncios o declaraciones por más discutibles o criticables que sean. Grande-Marlaska fijó así la posición del Ejecutivo ante las presiones de PP y Ciudadanos para que recurra sin esperar más a la Ley de Seguridad Nacional o active el artículo 155 de la Constitución.

En la Moncloa recuerdan que el Tribunal Constitucional resolvió en julio pasado que el 155 es un mecanismo excepcional, que no se puede utilizar de forma preventiva ni indefinida y que solo es aplicable ante vulneraciones de la ley manifiestas. Rajoy esperó a que llevara a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre para recurrir a esta disposición constitucional. Todas sus advertencias previas fueron ignoradas por el entonces presidente, Carles Puigdemont, y los líderes de las fuerzas independentistas. Tras poner en marcha el 155, que acarreó la destitución de todo el Gobierno de Cataluña, la Fiscalía interpuso el 30 de octubre la querella por rebelión que se suatanció el pasado lunes con las condenas del Supremo.

Grande-Marlaska exteriorizó además el malestar del Gobierno con la declaración del presidente de la Generalitat de la pasada madrugada porque no mostró de forma «expresa e indubitada» un rechazo sincero a la violencia, y no tuvo ni una palabra de «solidaridad», no ya con la Policía Nacional, sino con los Mossos d'Esquadra, un cuerpo que está bajo su responsabilidad. Además, lo hizo «a rastras», se quejó el ministro. En la Moncloa creen que la soledad de Torra en el Gobierno catalán es cada día mayor, y que si dio el paso de pedir el fin de la violencia fue por la presión de sus socios de Esquerra, e incluso de algunos sectores de JxCat, horrorizados con la evolución de los acontecimientos.

El Gobierno cree que el único sostén político del presidente catalán es Puigdemont y los dirigentes más «hiperventilados» (irredentos) del independentismo. Confía en que ese aislamiento conduzca no ya un cambio de postura de Torra, al que dan por perdido, pero sí a una convocatoria electoral que coloque al frente de la Generalitat a otro dirigente. Grande-Marlaska, por su condición de miembro del Gobierno central, no pidió la dimisión del presidente catalán pero recordó como quien no quiere la cosa que toda la oposición se la exigió en el pleno de este jueves en el Parlamento.

El ministro del Interior, que actuó como portavoz del comité de seguimiento de la situación en Cataluña que se reunió en la Moncloa con la presencia del presidente del Gobierno y la vicepresidenta, emplazó a Torra a elegir entre ser el principal representante del Estado en Cataluña y el presidente de todos los catalanes o «ser un activista».

Y si Pedro Sánchez no ve aún razones para adoptar medidas de excepción en Cataluña, Grande-Marlaska tampoco las ve para cambiar la estrategia de seguridad en las calles de Cataluña, aunque reconoció «la gran violencia» de las últimas tres noches. El ministro rechazó de plano la teoría de Torra de «los infiltrados» como responsables de los disturbios. Quienes están detrás, afirmó, son «grupos minoritarios perfectamente organizados» para los que las reivindicaciones soberanistas son una simple excusa para perturbar «la convivencia y la paz pública».