La Fiscalía niega «directrices políticas» en el 'caso Miguel Ángel Blanco'

Sin embargo, las víctimas afean al Ministerio Público el brusco cambio de criterio que llevó al fiscal Vicente González Mota, que desde marzo había defendido la imputación de 'Antza' y 'Anboto', a no acudir al interrogatorio que el juez Manuel García Castellón llevó a cabo el jueves.

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Javier Arias Lomo

Lo hizo tras una órden del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en la que este señalaba que los hechos en cuestión sí que habrían prescrito, en contra del criterio mantenido hasta ahora, que tenía en cuenta el momento en que estos fueron detenidos, en 2004, y no en el que se cometió el asesinato del joven concejal del PP, en julio de 1997.

Ahora Alonso, en la nota, defiende que «en dicho procedimiento como en todos los que se llevan ante este tribunal, la Fiscalía ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico le confieren», esto es, «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público» y «velar por la independencia de los tribunales», con sujeción a los principios de «legalidad e imparcialidad».

No obstante, la Fiscalía hace hincapié en que «la prescripción, que se ha de declarar en el momento procesal oportuno, no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional».

También recalca que las reaperturas del 'caso Miguel Ángel Blanco' y otros referidos también a crímenes de ETA para perseguir a las cúpulas que los promovieron, «siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Publico».