Las víctimas se revuelven ante el giro de la Fiscalía para no imputar a exjefes de ETA

El fiscal que había estado al frente de la causa desde que se reabrió en marzo, Vicente González Mota, había defendido hasta el momento que los delitos por los que Mikel Albisu, 'Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', fueron imputados el pasado 8 de julio aún se mantienen vigentes. Sostenía que se debía tener en cuenta el momento en que estos fueron detenidos, en 2004, y no en el que se cometió el asesinato del joven concejal del PP en Ermua, en julio de 1997. Una tesis frente a la que se sitúa el plazo de 20 años de prescripción que fijaba el Código Penal en el momento de los hechos.

Sin embargo, Mota decidió no acudir al interrogatorio que el juez Manuel García Castellón llevó a cabo el jueves. Lo hizo tras una directriz del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en la que este señalaba que los hechos en cuestión sí que habrían prescrito. Además, se la hizo llegar después de haberlo consultado a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz, el futuro fiscal general.

La Fiscalía, que niega cualquier cambio de postura y aclara que únicamente que adapta la jurisprudencia de los tribunales, delegó entonces la causa en Pedro Rubira. El fiscal estuvo presente en el interrogatorio a los acusados y aludió, en primer lugar, a cómo el derecho de las víctimas a ser resarcidas de los delitos sufridos no es, a su juicio, un derecho «inalienable»; pero, en segundo término, cuestionó la «suficiencia» de las conclusiones de los informes periciales presentados sobre el papel jugado por cada uno de los terroristas bajo sospecha de haber dado la orden directa de acabar con la vida del joven concejal del PP en Ermua. Algo que sorprendió a las acusaciones populares, que no entienden cómo es posible llevar a cabo un cambio de criterio de tal envergadura en este momento procesal.

La realidad es que el nuevo posicionamiento del Ministerio Público amenaza con dejar sin efecto el criterio jurídico que ha llevado al juez a imputar a los tres exdirigentes de ETA. Una decisión que el juez García Castellón adoptó después de que los servicios de Información de la Guardia Civil corroborasen que los tres acusados formaban parte del comité ejecutivo de la banda terrorista cuando se asesinó al edil popular. 'La doctrina Miguel Ángel Blanco', que efectúa una novedosa interpretación de la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, permitiría declarar que las posibles responsabilidades penales no se extinguen para 430 asesinatos terroristas cometidos en España.

Por ello, Marimar Blanco, la hermana del joven concejal del PP asesinado en Ermua, se sumó hoy a la causa como acusación particular escogiendo como abogado a Miguel Ángel Rodríguez, el letrado que también dirige la acusación popular de la Asociación Digniddad y Justicia (DyJ). Este colectivo ha sido, precisamente, el que interpuso la querella que reabrió la causa y ha impulsado la estrategia jurídica que ha llevado a los tribunales a abrir en los últimos meses hasta siete causas más para investigar la responsabilidad de dirigentes de ETA en distintos atentados.