99 días en estado de alarma

Ninguno de los miembros del Gobierno llevaba mascarilla cuando se reunieron durante más de siete horas el pasado 14 de marzo para decretar el estado de alarma, que a la postre acabaría siendo el más largo de la democracia. Al ver las fotos de aquella jornada con las lentes de la llamada 'nueva normalidad' sorprende la falta de medidas de protección, como la cercanía entre los ministros (a menos de metro y medio). Una imagen sacada casi de otra época que ilustra la vida cotidiana que estaba a punto de desaparecer ese mismo día. Por la mañana ya se habían hecho realidad los peores augurios: el ritmo de contagios se duplicó en solo 24 horas al confirmarse 2.090 casos nuevos (de un total de 6.321). Con las ausencias de Carolina Darias (Política Territorial) e Irene Montero (Igualdad), que días antes había dado positivo por Covid-19, se convocó un Consejo de Ministros extraordinario –el tercero en esa semana– para intentar contener a un virus desbocado. Al filo de las 21 horas, con las calles ya desiertas, Pedro Sánchez comparecía en televisión para comunicar las medidas que iban a restringir la movilidad de los ciudadanos durante las dos semanas siguientes. Un nuevo marco legal que se acabaría alargando 99 días, hasta hoy.

El decreto no contemplaba inicialmente ni el cierre de fronteras ni el aislamiento de ninguna región en concreto, sino que afectaba a todo el país. A partir de ese momento solo se podría abandonar el domicilio bajo determinadas excepciones: adquirir productos de primera necesidad; asistir a centros sanitarios; desplazarse al lugar de trabajo (aunque se acabó imponiendo el teletrabajo en la mayoría de empresas) o cuidar de personas especialmente vulnerables; entre otros motivos. El curso escolar y el universitario se cortaron de raíz. Sánchez, en su intervención, habló varias veces de «sacar al perro» como actividad permitida, pero no ocurrió lo mismo con los paseos en grupo o en pareja. Estaba prohibido pisar la calle.

El país empezó a vivir pendiente de una curva, la del coronavirus, con el objetivo común de doblegarla. Sánchez había vaticinado que se alcanzarían los 10.000 casos «durante los siguientes siete días», pero la realidad acabó sepultando a las previsiones y esa semana terminaría con 31.753 personas infectadas.

Lo que quedó patente desde el primer momento es que 15 días no bastaban para vencer la batalla al virus. El primer miembro del Gobierno en reconocerlo fue el ministro de Movilidad, José Luis Ábalos, el 17 de marzo. «Es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas», afirmó. Horas más tarde, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón (que desde entonces ha comparecido en 86 ruedas de prensa), llamó a «no flaquear» durante la cuarentena, mientras desde Sanidad se empezaba a concienciar a la población para un confinamiento «largo y duro». En torno a las 19 horas de aquella jornada se anunció el cierre de todas las fronteras terrestres españolas. Al día siguiente, 2.600 soldados del Ejército de Tierra y de la Armada se desplegaron por las calles de 48 ciudades dando comienzo a la 'operación Balmis'.

En el plano de la salud, el ministro Salvador Illa se convertía en la máxima autoridad sanitaria del país, por encima de las comunidades autónomas, lo que despertó recelos entre algunos gobiernos regionales, que se vieron despojados de competencias de la noche a la mañana. También tomó el control, vía decreto, de los 500 hospitales privados del país para hacer uso de ellos si la situación lo requería. Bajo su mando único se inició la compra centralizada de material –con bastante desatino–, que provocó otra oleada de críticas entre los líderes autonómicos, antes de acabar acudiendo a los mercados internacionales para intentar mitigar sus carencias. «Me parece extraño que tenga que competir con compatriotas que tienen los mismos problemas que yo», criticó el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El 18 de marzo el Congreso ofrecía una imagen inédita, con la mayoría de escaños vacíos y una veintena de diputados desafiando a la tradición de que la Cámara baja nunca cesó su actividad ni en tiempos de guerra. El presidente advirtió de que «lo peor está por llegar», y los partidos de la oposición se comprometieron en un primer momento con las medidas del Ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, reconoció que no era «el momento de confrontar». Aunque la imagen del día fue la de Valentina, una de las ujieres, que desinfectaba la tribuna tras cada intervención.

Esa noche, el rey Felipe se dirigió a la nación por segunda vez en su reinado para lanzar un mensaje de esperanza: «Este virus no nos va a dividir, al contrario, nos va a hacer más fuertes». Sin embargo, evitó mencionar que acababa de renunciar a la herencia de su padre, Juan Carlos I, debido a la investigación abierta por la Fiscalía para investigar las comisiones del AVE a la Meca.

El 23 de marzo el virus ya mataba en España a diez personas cada hora. Ese mismo día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, denunció en televisión que los miembros de la UME había visto centros con mayores «abandonados, cuando no muertos en camas». Salía así a la luz uno de los mayores dramas de la pandemia y que hasta hoy ha provocado 19.444 muertos en residencias, según los datos oficiales.

El virus se cebó también con los trabajadores sanitarios, que denunciaban la falta de equipos de protección y trabajaban al borde del colapso hospitalario. En el peor momento de la pandemia, a principios de abril, cuando se registraban 9.000 casos diarios, el porcentaje de profesionales afectados llegó a sobrepasar el 20% del total de infectados. Era urgente ampliar el número de camas y plazas UCI y se levantaron hospitales de campaña en muchas ciudades españolas. El caso más paradigmático fue el de Madrid, en Ifema, donde se llegó a atender a 4.000 enfermos de Covid-19. Solo el 1 de abril, en la hora más oscura de la epidemia, cuando el número de fallecimientos diarios tocó el techo con 930 víctimas, ingresaron en sus instalaciones a 1.400 pacientes.

Con el confinamiento también se inició otra crisis, la económica. El Gobierno desplegó un plan de rescate de 200.000 millones de euros y facilitó los ERTE, a los que se acogieron más de 4 millones de trabajadores.

La situación se vio agravada cuando el Gobierno ordenó el 29 de marzo la «hibernación de la economía» hasta el 12 de abril para reducir al máximo la movilidad y evitar el colapso sanitario. Se aprovecharon los días de Semana Santa para prohibir todas las actividades salvo los servicios esenciales, se paralizaron fábricas y se permitió dejar un retén de trabajadores en algunas industrias que no podían frenar su actividad, como los altos hornos. Los viajes por carretera y transporte público se redujeron hasta un 90% respecto a los mismos días del año anterior y los aeropuertos españoles solo movieron a 126.066 viajeros durante todo ese mes, un 99% menos que en abril de 2019.

Pero la norma y el modo en el que fue aprobado –el domingo previo a su entrada en vigor no se conocieron las condiciones hasta la medianoche– generó un gran malestar entre las comunidades autónomas, empresarios y la oposición. «Es inadmisible que millones de trabajadores no sepan si el lunes tienen que trabajar y en qué condiciones. Los españoles no merecen más mentiras», espetó Casado.

Las críticas se sumaban a la falta de material sanitario y a su dudosa calidad en muchos casos. Sanidad llegó a pagar siete millones de euros por 659.000 test defectuosos a una empresa China sin licencia que tenían una sensibilidad ante el virus del 30%, cuando según las especificaciones esta debe superar el 80%. Ocurrió lo mismo con varias partidas de mascarillas, en un contexto marcado por la escasez de material, la alta demanda mundial y la nula fiabilidad de algunos intermediarios.

Precisamente las mascarillas fueron protagonistas de otra de las grandes rectificaciones del Gobierno durante su gestión de la epidemia, y solo pasaron a ser obligatorias –siempre que no se pudiera guardar la distancia de seguridad– el 20 de mayo, 67 días después del decreto de estado de alarma. Antes habían sido tachadas de «innecesarias» para la población en general.

En el Congreso la batalla política giraba en torno a la búsqueda de alternativas al estado de alarma para limitar los movimientos. Mientras Sánchez defendía que «no hay plan B», la oposición consideraba que el Ejecutivo buscaba realmente «un estado de alarma permanente para evitar las protestas en las calles», llegó a criticar el líder de Vox, Santiago Abascal.

Un debate respaldado por los constitucionalistas. «La única cobertura legal que tienen estas decisiones es el propio estado de alarma», explica a este periódico Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.

Finalmente, la medida se acabó prorrogando hasta en seis ocasiones, con fecha final del 21 de junio, las cuatro últimas con agrios cruces de reproches en el Congreso, aunque se salvaron por el apoyo de Ciudadanos. Una pugna que también se trasladó a la Comisión de Reconstrucción, que nació con el objetivo de llegar a un gran acuerdo y reeditar los pactos de la Moncloa de 1977.

El 25 de abril, con la curva del coronavirus en descenso (ese día se detectaron 1.655 casos nuevos) se permitió por primera vez que los niños, que habían permanecido confinados 49 días seguidos, salieran por fin a la calle acompañados de un adulto. Fue la primera de las medidas de alivio que llegaron con la progresiva contención de la epidemia. A la semana siguiente, el 2 de mayo, se establecieron los horarios de salida con franjas reservadas a menores y a mayores de 70 años. Las calles volvieron a llenarse de ruido mientras la vida cotidiana perdida de sopetón el 14 de marzo volvía a abrirse paso.

Dos conceptos marcaron en ese momento la agenda del país: desescalada y 'nueva normalidad'. El primero de ellos era el camino hacia el segundo, cuyas reglas permanecerán vigentes hasta la llegada de la vacuna o de un fármaco contra la Covid-19. El país se dividió en regiones que en la mayoría de los casos correspondían a provincias y, en otros, a áreas sanitarias.

La salida de la crisis se iba a producir a distintas velocidades y a través de 3 fases en las que se levantarían progresivamente las restricciones. Las islas canarias El Hierro, La Graciosa y La Gomera, y la balear Formentera estrenaron esta operación, mientras el resto del país contemplaba cómo abrían sus terrazas, peluquerías y otros comercios. La Comunidad de Madrid o Cataluña quedaron rezagadas por su situación epidemiólogica. Otras regiones vieron dividido en dos su territorio durante casi un mes.

Con el fin del estado de alarma terminan cuatro meses de normas que cambiaron nuestras vidas como nunca. «Obedecimos porque la situación era increíble. Nos dimos cuenta de lo verdaderamente esencial, todos esos trabajadores sanitarios, de supermercados, de limpieza... Pero esas cosas se olvidan rápido, hasta las medidas de higiene», reflexiona Francesc Núñez, doctor en Sociología y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.

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