Esperando a Esquerra

El presidente del Gobierno en funciones confirmó este mismo viernes, durante la celebración en el Congreso del Día de la Constitución, que ya ha terminado de definir prácticamente con el secretario general de Unidas Podemos la estructura que tendrá su Ejecutivo y que ahora la negociación -en manos de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del secretario de Acción de Gobierno del grupo confederal de izquierdas, Pablo Echenique- se centra en el programa, construido en base al decálogo generalista que acordaron 24 horas después de la repetición electoral los líderes de ambos partidos. Un texto en el que el PSOE trató de garantizar, al menos, dos cuestiones: que no se coqueteará con el «derecho a decidir» y que se cumplirán los compromisos de equilibrio presupuestario y fiscal con la UE.

De la composición del Consejo de Ministros, en todo caso, ha trascendido poco, más allá de que Iglesias será vicepresidente social y compartirá estatus tanto con la actual número dos, Carmen Calvo, que seguirá al frente de la vicepresidencia política, como con Nadia Calviño, a la que los podemistas tildaron durante toda la campaña de bestia negra para los intereses de los más desfavorecidos y ahora ascenderá al rango de vicepresidenta económica. Unidas Podemos, además, puede contar con entre tres y cuatro ministerios más: el de Igualdad, para Irene Montero; el de Trabajo, que podría recaer en Yolanda Díaz, de la confluencia gallega; Universidades, probablemente para En Comú, y, en su caso, un departamento vinculado a asuntos económicos para el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

En total, las 18 carteras que ahora tenía el Ejecutivo formado por Sánchez en junio de 2018 podrían convertirse en 22. Algunos en el PSOE sostienen que esta vez los perfiles de los ministros designados por su líder deberían tener mayor peso político -hace año y medio se esmeró en incorporar perfiles profesionales e independientes-. Argumentan que la legislatura se augura realmente complicada y que habrá que contrarrestar a Iglesias. En el entorno del presidente en funciones también hay, sin embargo, quien sostiene que esta última cuestión tampoco es tan relevante.

l propio Sánchez, que en julio rechazó incorporar a Iglesias y dar a su partido las competencias sobre Trabajo que demandaba; que decía que no se podían tener «dos Gobiernos en uno» y que se pasó meses presumiendo de haber «protegido» a España de un Ejecutivo que no iba a ser «útil» a la ciudadanía, insistió el viernes en una charla informal con periodistas en que está muy «ilusionado» y contento con la actitud del secretario general de los podemistas. Y ahora no contempla que haya departamentos mixtos, es decir, la jerarquía de cada ministerio dependerá de un sólo partido.

El resultado final de esta negociación, en todo caso, no se conocerá hasta después de la investidura. Lo que sí debe saberse antes es el programa del futuro Gobierno, entre otras cosas, porque así lo reclaman las formaciones de las que se pretende obtener la confianza. El PNV, que pese a haber alcanzado ahora un pacto presupuestario se encuentra en las antípodas ideológicas de Podemos, ha sido especialmente exigente con este tema. Pero en el PSOE no muestran demasiada inquietud al respecto. «Esa negociación va casi sola», dicen sobre el diálogo abierto entre su vicesecretaria general, Adriana Lastra, y el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban.

En esta fase, el PNV solo reclama que se cumplan compromisos sobre transferencias, el AVE o inversiones pendientes de la anterior legislatura, que se dé cauce a sus demandas para modificar la reforma laboral, la ley mordaza o la ley de secretos oficiales, la garantía de que los Presupuestos se pactarán con ellos y, dicen fuentes de la formación, «un compromiso de abordar con nuevas miras el debate del modelo territorial».

Esa última exigencia -en un momento en el que también en el País Vasco el PNV y el PSE polemizan por el empeño del primero en incorporar el «derecho a decidir» en el Estatuto de autonomía- tendrá su respuesta, en todo caso, en el eventual acuerdo al que los socialistas puedan llegar con la muy voluble Esquerra. Los signos externos no parecen muy halagüeños. Este mismo viernes, Día de la Constitución, el presidente del Parlament, Roger Torrent, criticó que la Carta Magna sea «un límite de hierro que frena las aspiraciones legítimas de Cataluña». Sin embargo, la dirección del PSOE insiste en que, en privado, los negociadores republicanos sí trasladan el mensaje de que están dispuestos a facilitar la presidencia a Sánchez si se abre un diálogo entre Gobiernos sobre el estatus político catalán y que incluso asumen que existen unos límites legales que los socialistas nunca traspasarán.

Nadie en la formación se atreve a dar por sentado, no obstante, que en el último momento los republicanos no vayan a sucumbir a las presiones de JxCAT, la CUP o incluso de su propias bases. De ahí que Sánchez quiera amarrar el acuerdo cuanto antes y si es preciso someterse a la investidura en plenas vacaciones de Navidad. Después, ya vendrán otros problemas.